Consenso tripartito respalda incremento del 23,7% en el salario mínimo colombiano
El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, confirmó este lunes 16 de febrero que existe una posición mayoritaria compartida entre empresarios, sindicatos y el Gobierno Nacional para mantener el incremento del 23,7% en el salario mínimo, establecido originalmente a finales de 2025. Esta decisión surge tras la primera reunión de la comisión tripartita convocada luego del auto del Consejo de Estado que cuestionó el procedimiento técnico seguido para fijar el aumento.
Diálogo social evita incertidumbre económica
"La posición compartida es mantener el incremento del 23,7%, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía", declaró el ministro Sanguino durante el balance de la reunión. El funcionario agregó que el Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, defendiendo hasta la última instancia el derecho constitucional de los trabajadores a un salario vital.
Con esta decisión consensuada, el salario mínimo se mantendría en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.905, beneficiando directamente a aproximadamente 2,4 millones de colombianos que reciben este ingreso, además de los pensionados que devengan un salario mínimo. La determinación también impacta otros aspectos económicos como:
- Multas y sanciones administrativas
- Copagos en el sistema de salud
- Algunos precios de vivienda
- Otros indicadores económicos atados al salario mínimo
Plazos y procedimientos pendientes
El Consejo de Estado había otorgado al Gobierno un plazo de ocho días calendario para emitir un nuevo decreto que fije un incremento provisional, mientras se toma una decisión de fondo sobre el aumento del 23,7%. Esto significa que la administración del presidente Gustavo Petro tendría hasta el sábado 21 de febrero para oficializar el nuevo decreto con el incremento provisional.
En su auto, el alto tribunal señaló que el Gobierno no cumplió técnicamente con el procedimiento ni con los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996 para fijar el salario mínimo. Por esta razón, la administración deberá presentar una justificación técnica del incremento y definir un porcentaje que, según la ley, podría ser menor, igual o incluso mayor al original.
Voces disidentes y perspectivas futuras
A pesar del consenso mayoritario, algunas voces empresariales expresaron reservas. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó su desacuerdo con mantener el incremento inicial, argumentando posibles pérdidas de empleo como consecuencia del aumento salarial.
La decisión final sobre la validez del incremento del 23,7% recae ahora en el Consejo de Estado, que deberá revisar los argumentos presentados por el Gobierno Nacional para justificar técnicamente el aumento original. El tribunal podría tomar la decisión de mantener definitivamente el incremento o tumbarlo, dependiendo de la solidez de la justificación técnica presentada.
Este proceso marca un hito en el diálogo social colombiano, demostrando que, a pesar de diferencias iniciales, es posible alcanzar acuerdos que beneficien tanto a trabajadores como al conjunto de la economía nacional, priorizando la estabilidad laboral y la certidumbre económica en un contexto de ajustes salariales.
