Consejo de Estado suspende decreto del aumento salarial: ¿Qué significa para trabajadores y empresas?
La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que estableció el aumento del 23,7% del salario mínimo ha generado incertidumbre y múltiples interrogantes en el ámbito laboral colombiano. Tanto trabajadores como empresarios se preguntan si es posible una reducción del salario o si se perderán los pagos ya realizados con base en el incremento aplicado desde enero de 2026.
¿Qué significa realmente la suspensión del decreto?
El abogado Diego Solano, experto del Centro Jurídico Internacional, aclara que el Consejo de Estado no eliminó el aumento salarial, sino que suspendió temporalmente el decreto que lo estableció. Esta medida, que Solano describe como "poner en pausa" el decreto, se fundamenta en que el Gobierno nacional no presentó la justificación técnica requerida por la ley para sustentar el incremento del 23,7%.
La decisión judicial se basa específicamente en lo dispuesto por la Ley 278 de 1996, que exige que cualquier aumento del salario mínimo debe fundamentarse en criterios objetivos como:
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC)
- La productividad nacional
- El costo real de la canasta de vida
Derechos adquiridos y situación actual
Solano enfatiza que los trabajadores no deben preocuparse por una posible reducción inmediata de sus ingresos. El aumento aplicado desde el 1 de enero de 2026 ya constituye un derecho adquirido, lo que significa que el salario actual de 2 millones de pesos más auxilio de transporte debe continuar pagándose normalmente.
"Hasta que no salga el nuevo decreto, empresarios y trabajadores debemos mantenernos en el mismo salario establecido", explicó el experto jurídico durante una entrevista reciente.
El concepto de salario mínimo vital
Durante el análisis de la situación, también se abordó el concepto de salario mínimo vital promovido por el Gobierno nacional. A diferencia del salario mínimo mensual legal vigente tradicional, este enfoque busca garantizar condiciones de dignidad integral para los trabajadores, incluyendo cobertura en:
- Alimentación adecuada
- Vivienda digna
- Educación accesible
- Salud integral
- Recreación y esparcimiento
Este concepto se fundamenta en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y apunta a que cada persona pueda vivir dignamente con su remuneración. Además, se ha mencionado la posibilidad de implementar un salario mínimo vital móvil, lo que implicaría ajustes mensuales del ingreso siempre que exista una justificación técnica adecuada.
Posibles escenarios para el nuevo decreto
¿Puede el nuevo decreto aumentar o reducir el salario mínimo actual? Solano explica que el Gobierno tiene varias opciones al emitir la nueva normativa:
- Mantener el incremento del 23,7%
- Aumentarlo aún más (por ejemplo, al 24% o 25%)
- Establecer un porcentaje menor al actual
Sin embargo, el experto señala que el Gobierno ha manifestado públicamente que su intención sería mantener o incluso incrementar el valor actual, siempre que pueda sustentarlo técnicamente según los requisitos legales.
¿Qué pasa si el Gobierno apela la decisión?
El Ejecutivo tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación frente a la decisión del Consejo de Estado. Este proceso judicial podría extenderse hasta por un año, pero durante este tiempo la situación salarial permanecería sin cambios significativos.
Es importante destacar que, como el salario ya fue pagado sobre la base de 2 millones de pesos más auxilio de transporte, no es legalmente posible descontar dinero a los trabajadores ni revertir los pagos realizados a seguridad social, parafiscales o prestaciones sociales.
De acuerdo con el análisis del abogado Solano, lo más probable es que el presidente de la República emita un nuevo decreto cumpliendo las exigencias del Consejo de Estado y justificando técnicamente el aumento salarial. Mientras tanto, el mensaje para trabajadores y empresarios es claro: el salario actual se mantiene y no puede ser reducido de manera inmediata, garantizando así la estabilidad laboral y económica en el país.
