Suspensión del aumento del salario mínimo: qué deben hacer las empresas con sus nóminas
La administración del presidente Gustavo Petro había establecido el salario mínimo para 2026 en 2.000.000 de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, lo que representaba un aumento del 23% respecto al año anterior. Sin embargo, esta medida ha sido suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, generando incertidumbre entre más de 2 millones de trabajadores colombianos que devengan este estipendio.
La decisión del Consejo de Estado y sus implicaciones inmediatas
El Consejo de Estado aclaró que, mientras se sanciona un nuevo decreto provisional, las empresas deberán continuar pagando el monto establecido en diciembre pasado. "Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025", informó la entidad judicial.
Esto significa que la primera quincena de febrero debe calcularse en base a los 1.750.905 pesos ya decretados, sin incluir el aumento del 23%. Carolina Camacho, socia de la Práctica Laboral de Garrigues Colombia, explicó que esta decisión "no tiene efectos retroactivos" y no afectará los pagos ya realizados en enero.
El plazo del Gobierno y el proceso legal
La administración Petro tiene ocho días calendario para expedir un decreto provisional, mientras se estudia el monto definitivo para 2026. Este nuevo ajuste, según Camacho, "deberá contar con una fundamentación económica detallada, cumpliendo estrictamente con los criterios de la Ley 278 de 1996".
El exministro de Comercio, José Manuel Restrepo, señaló que "por ahora, la tranquilidad de los colombianos es que el aumento sigue firme y al Gobierno se le están dando ocho días para tener un decreto provisional que responda a los decretos de la ley".
Reacciones y contexto del aumento suspendido
El aumento del 23,7% al Salario Mínimo Legal Vigente enfrentaba más de 30 demandas en el Consejo de Estado, con argumentos que cuestionaban su cumplimiento de requerimientos históricos y normativos. Algunos sectores empresariales, como la Andi, calificaron la medida como "populista y pensada con lógica electorera".
Las reacciones han sido polarizadas:
- Desde el Gobierno: El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión y la calificó como "una decisión política por parte del Consejo de Estado".
- Desde el sector empresarial: Ha mostrado aceptación, argumentando que el aumento generaría un "empobrecimiento general".
Mientras tanto, los trabajadores y las empresas deberán adaptarse a este escenario temporal, donde la claridad sobre el salario definitivo para 2026 aún está pendiente de resolución judicial y gubernamental.
