Empresas con más de 100 empleados deben contratar personas con discapacidad: cuotas obligatorias
Empresas con más de 100 empleados: cuotas de discapacidad

Nueva obligación laboral para empresas con más de 100 trabajadores

Las empresas colombianas con más de 100 trabajadores deberán cumplir con cuotas obligatorias de contratación de personas con discapacidad, una medida que rige desde el pasado 25 de junio de 2026 y que fue formalizada mediante el numeral 17 del artículo 15 de la Ley 2466 de 2025. Adecco Colombia advirtió que esta nueva obligación representa un desafío jurídico, operativo y estratégico para las organizaciones, especialmente para sus áreas de Gestión Humana, Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Jurídica.

La implementación de esta disposición marca un cambio en la forma en que las empresas deberán gestionar sus políticas de inclusión laboral. Aunque el objetivo central es promover una mayor participación de las personas con discapacidad en el empleo formal, el alcance de la norma va más allá de abrir vacantes. Las compañías tendrán que revisar procesos internos, adaptar espacios, fortalecer políticas de diversidad y garantizar que las contrataciones cumplan con los requisitos establecidos.

Cuotas escalonadas según el tamaño de la empresa

La regulación contempla un modelo escalonado según el tamaño de la empresa. Para las organizaciones que tengan entre 100 y 500 trabajadores, la obligación será vincular al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados. Para las compañías con más de 500 trabajadores, la norma mantiene esa base y exige sumar una persona con discapacidad por cada nuevo grupo de 100 trabajadores.

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Este esquema convierte la inclusión laboral en un asunto de cumplimiento normativo, pero también en una decisión de gestión empresarial. Las empresas no solo deberán identificar los cargos en los que puedan incorporar talento con discapacidad, sino también asegurar que esas vinculaciones respondan a un proceso sostenible, con condiciones adecuadas para el desempeño de los trabajadores y para la operación de la organización.

La medida surge en un contexto en el que las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras para acceder y permanecer en el mercado laboral formal. Por esa razón, las nuevas cuotas buscan impulsar una participación más equitativa de esta población y, al mismo tiempo, llevar a las organizaciones a adoptar prácticas más inclusivas, sostenibles y alineadas con las nuevas exigencias laborales del país.

Empresas deberán revisar procesos, accesibilidad y certificaciones

El cumplimiento de la norma exigirá una preparación más amplia que la contratación de personal. Las empresas deberán evaluar la accesibilidad de sus espacios físicos y digitales, revisar sus procesos de selección, fortalecer sus políticas de diversidad e inclusión y capacitar a líderes y equipos de trabajo. La integración efectiva de los nuevos trabajadores dependerá, en buena parte, de la capacidad de las compañías para construir entornos laborales accesibles.

Uno de los puntos centrales de la regulación es la certificación oficial de discapacidad. Las empresas tendrán que garantizar que las personas vinculadas para cumplir con la cuota cuenten con el documento expedido por las entidades autorizadas. Esto implica conocer los procedimientos de certificación, realizar diagnósticos internos y establecer mecanismos de seguimiento y reporte que permitan demostrar el cumplimiento de la obligación.

Para Adelaida Portilla, directora Jurídica de Adecco Colombia, este cambio debe entrar de lleno en las agendas empresariales. “La entrada en vigor de estas disposiciones exige una preparación anticipada. No se trata únicamente de cumplir una cuota de contratación, sino de revisar procesos, identificar oportunidades de inclusión, fortalecer el conocimiento normativo y desarrollar estrategias que permitan gestionar adecuadamente los riesgos y las oportunidades que trae este nuevo escenario laboral”, afirmó.

La advertencia apunta a que la norma no puede entenderse como un trámite aislado. La inclusión laboral requiere revisar la manera en que se diseñan los puestos, se publican las vacantes, se evalúan los perfiles y se acompaña la llegada de los trabajadores a los equipos. En ese camino, las áreas jurídicas y de talento humano tendrán un papel clave para evitar incumplimientos y reducir riesgos legales.

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Inclusión laboral como factor de sostenibilidad y competitividad

Adecco Colombia señaló que la preparación empresarial no debe limitarse a los aspectos legales. Las organizaciones también deberán avanzar en la construcción de entornos laborales inclusivos, fortalecer sus políticas de diversidad y sensibilizar a líderes y colaboradores sobre la importancia de la inclusión como un factor asociado a la competitividad y la sostenibilidad.

La inclusión laboral trasciende el ámbito social y se posiciona como un elemento clave de productividad, reputación corporativa y generación de valor para los grupos de interés. Cada vez más organizaciones reconocen que los modelos de gestión inclusivos pueden contribuir a mejorar la innovación, el compromiso de los colaboradores y la diversidad dentro de los equipos de trabajo.

En ese contexto, la identificación temprana de vacantes potenciales será una de las acciones más importantes para las empresas. También lo serán el acompañamiento en los procesos de certificación, la adecuación de puestos de trabajo y la actualización de procedimientos internos. Estas medidas pueden facilitar el cumplimiento de la normativa y reducir los tiempos de adaptación dentro de las organizaciones.

“Anticiparse no es opcional. Las empresas que comiencen a prepararse desde ahora estarán mejor posicionadas para cumplir con la normativa, minimizar riesgos legales y convertir esta obligación en una ventaja competitiva y reputacional”, agregó Portilla.

Adecco Colombia hizo un llamado a las organizaciones para avanzar en procesos de diagnóstico, planeación y adecuación, así como para contar con aliados estratégicos que acompañen esta transición. La nueva regulación deja a la inclusión laboral como un componente esencial de la gestión del talento y del cumplimiento normativo, en un escenario en el que las empresas deberán responder con ajustes concretos y sostenibles.