Gobierno y PDVSA acuerdan reactivar gasoducto binacional para enfrentar crisis energética
En la frontera norte de Colombia, específicamente en el desierto de La Guajira, un tramo de cinco kilómetros de tubería de acero está ausente, manteniendo inoperativo el gasoducto Antonio Ricaurte, una infraestructura de 225 kilómetros inaugurada en 2007 para conectar a Colombia y Venezuela. El Gobierno colombiano, representado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la directora de la ANLA y ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, ha acordado con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) reponer ese tramo crítico, en un esfuerzo por reactivar el flujo de gas entre los dos países.
Una mesa técnica define el camino hacia la reposición
La decisión surgió de una mesa técnica celebrada en Bogotá, que incluyó al Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y representantes de la filial colombiana de PDVSA. Según un comunicado oficial, se estableció una mesa de seguimiento que presentará a la ANLA un plan detallado para la sustitución del tramo faltante, así como el fraccionamiento ambiental necesario para ejecutar la obra. El material requerido ya se encuentra disponible en la zona de Paraguachón, al otro lado de la frontera.
Historia y cambio de rumbo del gasoducto
El gasoducto Antonio Ricaurte fue construido con una lógica opuesta a la actual: originalmente, en 2007, se diseñó para exportar gas colombiano desde La Guajira hacia el occidente de Venezuela, con una capacidad de 500 millones de pies cúbicos diarios y un costo de aproximadamente USD 230 millones, financiado por el gobierno venezolano. Operó en esa dirección durante sus primeros años, pero el declive en la producción y reservas de gas en Colombia llevó a su suspensión en 2019. Hoy, la historia se intenta reescribir, con el objetivo de importar gas desde Venezuela hacia Colombia, revirtiendo el flujo original.
Obstáculos ambientales y administrativos
Para que este cambio sea posible, el Gobierno debe resolver primero un asunto administrativo clave: la licencia ambiental del proyecto ha estado suspendida desde 2019. Sin esta autorización, ninguna obra puede iniciarse. La mesa técnica acordó revisar y reactivar la licencia, considerando que la reposición de la tubería podría tramitarse como una modificación menor, siempre que siga el trazado original. Una vez aprobado el plan técnico, PDVSA será la encargada de ejecutar la reposición del tramo faltante.
La urgencia del déficit de gas en Colombia
Detrás de este acuerdo hay una presión creciente: Colombia enfrenta un déficit progresivo de gas natural, con importaciones que comenzaron a finales de 2024 para sostener el sistema energético. Aproximadamente 38 millones de colombianos dependen del gas natural para hogares, comercios, transporte e industrias. El Gobierno estima que el faltante podría alcanzar cerca del 20% del consumo nacional en 2026, un aumento significativo desde el 4% a finales de 2024. Actualmente, Colombia importa gas natural licuado (GNL) desde mercados internacionales, pero este método es más costoso debido al transporte marítimo y procesamiento en tierra.
Los efectos del déficit ya se sienten: según Naturgas, el gremio del sector, el precio del gas vehicular ha subido entre 6% y 13% en algunas regiones, con aumentos de hasta 30% o 38% en departamentos del centro del país. Este combustible, históricamente estable, comienza a comportarse como un recurso escaso.
Potencial y limitaciones del suministro venezolano
Según estimaciones del ministro Edwin Palma, Venezuela podría enviar inicialmente alrededor de 50 millones de pies cúbicos diarios de gas hacia Colombia. Julio César Vera, analista y presidente de Xua Energy, cree que este flujo podría crecer hasta 120 millones de pies cúbicos diarios si la infraestructura opera con normalidad. Sin embargo, incluso en el mejor escenario, el suministro venezolano solo aliviaría el déficit, sin eliminarlo por completo, sirviendo como un puente temporal mientras Colombia desarrolla nuevos campos de producción o amplía su capacidad de importación de GNL.
Obstáculos mayores: sanciones financieras y tiempo
El acuerdo técnico con PDVSA se enfrenta a un obstáculo significativo: las sanciones financieras de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana, impuestas por la Office of Foreign Assets Control (OFAC). Estas restricciones limitan las transacciones con PDVSA, lo que complica la participación directa de Ecopetrol, la petrolera colombiana con exposición a regulaciones estadounidenses. Palma ha señalado que se necesita una licencia específica del gobierno estadounidense, un proceso que podría ser complejo y demorado, justo cuando el tiempo es crucial.
Carrera contra el reloj: alternativas y proyecciones
Mientras se espera la reparación del gasoducto, Colombia avanza en ampliar su infraestructura para importar GNL. Actualmente, cuenta con una terminal de regasificación en Cartagena con capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios, y se proyectan nuevas instalaciones que podrían elevar la capacidad de importación a 1.300 millones de pies cúbicos diarios hacia 2028. En este contexto, el gasoducto con Venezuela compite contra el tiempo: si se reactiva pronto, puede ser una fuente adicional de suministro; si se retrasa, Colombia podría depender cada vez más del gas importado por barco, con mayores costos y vulnerabilidades.
