Gremio empresarial pide acción inmediata ante amenaza de paralización eléctrica
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha hecho un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales para que eviten la interrupción del servicio eléctrico en Santander, tras el anuncio de huelga del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (ESSA).
Servicio esencial en peligro
Según el gremio empresarial, el servicio de energía eléctrica está catalogado como esencial conforme a los artículos 4 de la Ley 142 de 1994 y 5 de la Ley 143 de 1994, lo que significa que su adecuada y continua prestación está intrínsecamente ligada a la protección de la vida, la salud y la seguridad de la población.
"Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto devastador que la interrupción del servicio tendría sobre el territorio", señaló la ANDI en un comunicado oficial, destacando que la medida afectaría directamente a más de 958.344 usuarios distribuidos en 102 municipios de 6 departamentos diferentes.
Usuarios críticos en riesgo inminente
La paralización de ESSA, empresa filial del Grupo EPM, pondría en situación de vulnerabilidad extrema a 4.921 cuentas de manejo especial que incluyen:
- 517 establecimientos de salud y 71 usuarios electrodependientes
- 47 hogares geriátricos y 54 hogares del ICBF
- 3.492 instituciones educativas y 28 centros penitenciarios
- 288 cuentas de seguridad ciudadana de policía y 21 de batallones
- 78 sistemas de alumbrado público y 9 sistemas de semaforización
- 260 acueductos, 10 estaciones de bomberos y 6 aeropuertos
- 40 nodos de telecomunicaciones
Exigencias salariales sin precedentes
El pliego de peticiones del sindicato registra un incremento del 147% respecto a la última convención colectiva, según información revelada. Según el diario Vanguardia Liberal, "las cargas salariales que pretende el sindicato pondrían contra las cuerdas a las finanzas de la empresa más grande de Santander".
Las estimaciones indican que un técnico que actualmente recibe un salario base de $4,5 millones más prestaciones y ganancias sindicales (totalizando $9,8 millones), pasaría a recibir $5,5 millones de salario básico que en la práctica se traducirían en $12,1 millones mensuales con las nuevas exigencias.
Llamado al diálogo institucional
La ANDI instó a las partes involucradas a priorizar el diálogo institucional sobre medidas que generarían afectaciones a derechos fundamentales de la ciudadanía, así como daños irreversibles a la productividad y la seguridad social de la región.
"Por ello, instamos a las partes a priorizar el diálogo institucional sobre medidas que generarían afectaciones a derechos fundamentales de la ciudadanía, así como daños irreversibles a la productividad y la seguridad social de la región", concluyó el comunicado del gremio empresarial.
Otros gremios como Andesco y Asocodis también han solicitado la intervención de las autoridades para evitar una situación que afectaría significativamente esta importante región del país, destacando la necesidad de mantener la continuidad en un servicio público tan crítico para el desarrollo y bienestar de la comunidad.
