El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, ha decidido elevar los umbrales de garantía eléctrica de las redes de las operadoras de telecomunicaciones. Tras el apagón eléctrico total del 28 de abril de 2025, que colapsó las redes de telefonía móvil, el Ejecutivo inició a finales de ese año el trámite para un Real Decreto de Resiliencia de las Redes. Esta normativa incrementará significativamente las obligaciones de Telefónica, Orange, Vodafone y Digi, los cuatro operadores con emplazamientos móviles propios, para prevenir las consecuencias de otro posible apagón.
Respaldo para el 75% de la población
El Real Decreto establecerá la exigencia de que estas cuatro operadoras cubran con baterías capaces de proporcionar cuatro horas de funcionamiento en caso de apagón a los emplazamientos de antenas móviles que den cobertura al 75% de la población española, es decir, aproximadamente 37,5 millones de habitantes, según fuentes conocedoras del proceso. Además, se requerirá que esta capacidad de respaldo energético de emergencia esté totalmente desplegada para finales de 2029 o principios de 2030, es decir, a los tres años de la entrada en vigor del decreto.
Con esta medida, España se situará entre los países con estándares de seguridad energética en redes móviles más avanzados de Europa.
Rechazo inicial y alivio por el recorte
La exigencia de esta cobertura de respaldo energético fue mal recibida por el sector de las telecos desde el principio. Las operadoras consideran que el Gobierno carga sobre ellas los costes de garantizar el servicio energético, cuando deberían ser las compañías eléctricas las responsables. Sin embargo, la decisión de fijar el umbral en el 75% de cobertura de población será recibida con cierto alivio, ya que inicialmente las intenciones del Ministerio eran más exigentes. El primer borrador público establecía una garantía del 85% de la población, porcentaje que las operadoras consideraron desproporcionado.
El nuevo listón del 75% y el plazo de tres años para alcanzarlo, que permite fraccionar la inversión en 36 meses desde la aprobación, han contribuido a que los operadores acojan la medida con resignación pero con menor oposición.
Ahorro en inversiones
Fuentes del sector señalan que el recorte del 10% de cobertura (del 85% al 75%) implica un ahorro sustancial en la inversión que deben acometer las operadoras o las compañías propietarias de torres (American Tower, Cellnex, Totem y Vantage). Aunque para las operadoras la dotación de baterías supone un aumento de costes por compra, instalación, mantenimiento y reposición (las baterías duran solo unos años y su capacidad disminuye con el tiempo), para las compañías de torres representa una oportunidad de negocio adicional. Si la torrera asume los costes de compra, instalación, gestión y mantenimiento, luego vende ese servicio a la operadora como un coste adicional.
Según las mismas fuentes, al bajar al 75% de cobertura, una operadora puede tener que instalar baterías en unas 10.700 torres, en lugar de las 12.800 que requeriría el 85% de cobertura. Esa diferencia de 2.100 torres (16% menos) supondrá un ahorro importante por cada red: de una inversión inicial superior a los 70 millones de euros (80 millones de dólares) en el caso del 85%, puede bajar a unos 60 millones de euros (68 millones de dólares) para el 75%.
