Colombia en alerta por inminente crisis energética y desabastecimiento
Según diversas publicaciones especializadas, Colombia se encuentra en una situación de alto riesgo frente a un posible desabastecimiento de combustibles y electricidad en los próximos años. Este escenario podría desencadenar un déficit energético significativo que afectaría directamente las tarifas de servicios públicos y la continuidad del suministro energético en múltiples sectores.
Impacto multisectorial y amenazas al desarrollo nacional
El Centro Regional de Estudios de Energía ha advertido que la lenta expansión de proyectos solares y eólicos, combinada con cuellos de botella en los sistemas de transmisión y trabas administrativas en licencias y consultas previas, representa una amenaza concreta para la seguridad del suministro energético en el país. Esta situación comprometería:
- El funcionamiento de hogares y servicios básicos
- El sistema educativo en todos sus niveles
- El transporte público y privado
- La producción agrícola e industrial nacional
- Otros sectores fundamentales de la economía
Divergencia en propuestas presidenciales frente a la transición energética
Frente a esta crisis inminente, los candidatos presidenciales presentan posturas divergentes en sus propuestas para garantizar un suministro energético estable a precios accesibles, especialmente para las comunidades más vulnerables. Paralelamente, el país debe avanzar en la transición energética internacionalmente acordada para mitigar la crisis climática y ambiental.
Esta transición implica migrar gradualmente de un modelo basado en combustibles fósiles extraídos mediante técnicas tradicionales hacia uno sustentado en energías limpias y seguras. Sin embargo, el avance extremadamente lento hacia las energías alternativas está prolongando y agravando la ya catastrófica crisis climática global.
La polémica del fracking: entre promesas electorales y evidencias científicas
Es crucial precisar que la transición energética se refiere específicamente a combustibles extraídos mediante técnicas tradicionales, excluyendo métodos no convencionales y altamente cuestionados como el fracking. Sorprende que, a pesar de las numerosas publicaciones acreditadas que confirman los graves riesgos de esta técnica para la salud pública, el clima, el medio ambiente, los recursos hídricos, la seguridad y la economía, algunos candidatos presidenciales hayan confirmado que activarían el fracking si son elegidos.
Por ejemplo, medios como Caracol reportaron en enero de 2026 que una de las propuestas del candidato Abelardo De la Espriella incluye su apoyo al fracking para aumentar la producción petrolera. De manera similar, la candidata Paloma Valencia declaró en marzo de 2026: «Vamos a hacer 'fracking' porque no vale la pena empobrecer un país que necesita recursos cuando la tecnología ya ha demostrado sus resultados ambientales».
Evidencias contundentes y posición gubernamental
Contrario a estas afirmaciones, el fracking no ha demostrado resultados ambientales ni económicos positivos. Numerosas investigaciones científicas acreditadas confirman que esta técnica ocasiona daños graves e irreversibles, razón por la cual ha sido prohibida en varios países desarrollados.
En Colombia, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible radicó en el Congreso en julio de 2025 un Proyecto de Ley que busca prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de petróleo y gas, incluyendo específicamente el fracking. El texto legislativo advierte que el desarrollo de esta técnica «pone en riesgo la vida de las comunidades y de los ecosistemas... generando impactos ambientales y sociales irreversibles».
Análisis de las propuestas presidenciales
Las propuestas de los candidatos Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia sugieren un profundo desconocimiento sobre las causas y soluciones a los graves problemas ambientales, climáticos y sociales que ya están ocasionando desastres a escala planetaria. Esta desconexión entre el discurso político y la evidencia científica preocupa a expertos y comunidades afectadas, quienes exigen políticas energéticas basadas en criterios técnicos y de sostenibilidad.
La combinación de una crisis energética inminente con propuestas que ignoran los consensos científicos internacionales crea un escenario particularmente complejo para Colombia, que debe equilibrar sus necesidades energéticas inmediatas con la responsabilidad ambiental a largo plazo.
