Deuda estatal con empresas de energía y gas supera los 5 billones y amenaza continuidad del servicio
Las empresas del sector energético y gasífero en Colombia han emitido una alerta urgente sobre el creciente riesgo para la continuidad del suministro de energía y gas natural, debido a los significativos retrasos en los pagos que el Estado debe realizar por diversos compromisos financieros. Según representantes gremiales, el monto acumulado de la deuda ya supera los cinco billones de pesos y continúa incrementándose mensualmente, generando presiones financieras insostenibles para las compañías encargadas de garantizar estos servicios esenciales.
Advertencia de gremios energéticos sobre riesgo inminente
El pronunciamiento oficial fue realizado por Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), quien explicó detalladamente que la situación crítica se origina principalmente en el retraso sistemático en el pago de subsidios que el Gobierno debe reconocer a las empresas prestadoras del servicio. "La energía y el gas de millones de colombianos están en riesgo real. La falta de pago de compromisos por parte del Estado genera un hueco financiero profundo que amenaza directamente la continuidad del servicio", señaló la dirigente gremial durante su intervención.
Esta advertencia involucra a múltiples actores del sistema energético nacional, incluyendo generadores, distribuidores y empresas del sector gasífero, que dependen fundamentalmente de los flujos de recursos asociados a los subsidios y otros pagos estatales para mantener operativa la infraestructura del sistema.
Subsidios pendientes alcanzan los $3,6 billones
El componente principal de la deuda corresponde específicamente a los subsidios que se aplican en las facturas de energía y gas de los hogares colombianos de menores ingresos. Estos descuentos son otorgados directamente por las empresas prestadoras del servicio y posteriormente deben ser compensados integralmente por el Estado, según el esquema establecido.
De acuerdo con la información precisa presentada por Acolgen, a enero de 2026 la deuda del Gobierno por este concepto alcanza cifras alarmantes: $2,6 billones en el sector eléctrico y $1,04 billones en el servicio de gas natural. Estos recursos corresponden a subsidios que ya fueron aplicados en las facturas de los usuarios, pero que aún no han sido reembolsados por el Estado a las empresas que prestan el servicio.
El monto continúa creciendo de manera acelerada mes a mes. Según las estimaciones técnicas del sector, la deuda aumenta aproximadamente en $410.000 millones adicionales cada mes mientras no se realicen los pagos correspondientes por parte del Estado.
La presidenta de Acolgen detalló que el sistema funciona bajo un esquema operativo en el que las compañías adelantan el subsidio en la factura de los usuarios más vulnerables y posteriormente esperan el reintegro del Estado. "El problema central son precisamente los subsidios. Estos son descuentos que las empresas aplican hoy en el recibo de los más vulnerables, confiando en que el Estado los devolverá después. Pero ese dinero fundamental no está llegando oportunamente", afirmó Gutiérrez con preocupación.
Otras obligaciones pendientes elevan la deuda total del sector
Además de los subsidios acumulados, el sector energético enfrenta otras obligaciones pendientes que incrementan sustancialmente el monto total de los recursos adeudados por el Estado:
- Los saldos relacionados con los alivios tarifarios implementados durante la pandemia, conocidos como Opción Tarifaria, que según los cálculos del sector suman cerca de $2,2 billones.
- Una cartera adicional correspondiente a facturas de servicios públicos que aún no han sido pagadas por diversas entidades públicas, que asciende a aproximadamente $1,4 billones por consumo de energía y gas.
Para los gremios energéticos, el acumulado de estas obligaciones tiene efectos directos y graves sobre la capacidad financiera de las empresas para mantener el funcionamiento adecuado del sistema energético nacional. "¿Qué sucede concretamente si el Estado no paga? El sistema se queda sin 'efectivo' operativo para funcionar. Esto no es responsabilidad de las empresas; es un saldo pendiente del Estado que pone en riesgo real que la luz y el gas sigan llegando regularmente a los hogares colombianos", señaló enfáticamente Gutiérrez.
Consecuencias potenciales y llamado a la acción
Según la dirigente gremial, si la situación crítica se prolonga sin solución, podría afectar severamente la sostenibilidad de los subsidios que hoy alivian el costo de los servicios para millones de hogares colombianos. También advirtió que, en un escenario extremo, las tarifas de energía y gas podrían registrar aumentos significativos que impactarían directamente el bolsillo de los consumidores.
Frente a este panorama complejo, el sector energético planteó varias acciones urgentes para atender la situación:
- Acelerar significativamente el pago de los subsidios pendientes que ya superan los 3,6 billones de pesos.
- Resolver definitivamente los compromisos asociados a los alivios tarifarios otorgados durante la pandemia.
- Que las entidades públicas se pongan al día inmediatamente en el pago de los servicios que ya han consumido.
"El sector energético está completamente listo para trabajar coordinadamente y evitar daños irreparables al país", señaló finalmente la presidenta de Acolgen al referirse a la necesidad imperiosa de coordinar acciones concretas con el Gobierno Nacional para normalizar los flujos de recursos del sistema energético y garantizar así el suministro continuo de estos servicios esenciales para todos los colombianos.
