Colombia inicia 2026 con una aparente calma eléctrica que esconde vulnerabilidades estructurales
Colombia llega al año 2026 presentando una fotografía engañosamente tranquila en su sector eléctrico: los embalses se encuentran en niveles elevados y los precios de bolsa aparecen contenidos. Sin embargo, la pregunta realmente relevante no es cómo amaneció el país, sino si el sistema podrá atravesar los próximos doce meses sin enfrentar un susto de racionamiento o un choque tarifario significativo. La holgura que caracterizó años anteriores se ha reducido de manera estructural, erosionada por nuevos trámites burocráticos, desafíos en licenciamiento ambiental y una marcada inestabilidad regulatoria. Estamos, en esencia, ante una crónica de una crisis anunciada que requiere atención inmediata.
La aparente normalidad esconde una demanda en constante crecimiento
En apariencia, todo parece estar bajo control. XM, el operador del sistema interconectado nacional, reportó que el embalse agregado alcanzó el 79,91% el 18 de enero de 2026, con aportes hídricos equivalentes al 148% de la media histórica. No obstante, la demanda eléctrica continúa creciendo de manera sostenida: para 2026, XM estima un consumo que oscilará entre 92.889 GWh en el escenario medio y 95.086 GWh en el escenario alto. Paralelamente, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) proyecta crecimientos anuales que van desde el 1,53% hasta el 4,30% en los próximos años, lo que exige una expansión constante y planificada de la oferta energética.
Este dinamismo necesario, sin embargo, no está ocurriendo en la práctica. Los embalses funcionan como la "batería" fundamental del sistema eléctrico colombiano, lo que obliga a administrarlos con extremo cuidado para evitar caer por debajo de umbrales críticos. Si el año 2026 trae consigo un verano particularmente duro o una sequía prolongada, la resiliencia del sistema se pondrá a prueba en cuestión de semanas, con consecuencias potencialmente graves para millones de colombianos.
Dependencia térmica y vulnerabilidad tarifaria
Durante los períodos de sequía, el sistema eléctrico colombiano tradicionalmente se apoya en plantas térmicas que utilizan gas natural o combustibles líquidos. Las restricciones en el suministro de estos combustibles se traducen directamente en precios más altos de la energía, afectando especialmente a cerca de 12 millones de hogares que actualmente destinan más del 3,5% de sus ingresos al pago de la electricidad. La paradoja es evidente: mientras la demanda crece, no se está fortaleciendo de manera significativa la seguridad del abastecimiento, ni se está avanzando en la construcción de nueva capacidad firme o en infraestructura de transmisión que mitigue estos riesgos.
Potencial renovable sin redes adecuadas
Colombia cuenta con un enorme potencial para generar más energía a partir de fuentes renovables, especialmente solar y eólica. Sin embargo, sin redes de transmisión modernas y eficientes, estas oportunidades se diluyen considerablemente. En el país se han reportado pérdidas técnicas y comerciales que pueden alcanzar hasta el 30% en algunas zonas, un desperdicio inaceptable en el contexto actual. La última subasta de Cargo por Confiabilidad asignó obligaciones mayoritariamente a fuentes solares (30 de 33 proyectos), con apenas tres térmicas incluidas.
La energía solar es absolutamente necesaria para la transición energética, pero no puede reemplazar por sí sola la potencia firme requerida durante las horas críticas de consumo, especialmente en ausencia de sistemas de almacenamiento a gran escala o respaldo térmico adecuado. No es casualidad que varios países ya exijan la incorporación de baterías como condición indispensable para la entrada de nuevos proyectos renovables. Al mismo tiempo, proyectos estratégicos de generación y transmisión siguen expuestos a demoras excesivas por procesos de licenciamiento ambiental complejos y lentos. El reciente retiro de Energía de Portugal del mercado colombiano, atribuido a lo que denominaron "asfixia institucional", resulta ilustrativo de este problema.
Agenda mínima para evitar una crisis inminente
El problema de fondo es fundamentalmente físico, no normativo: sin nueva oferta firme, sin redes de transmisión modernas y sin ejecución efectiva de proyectos, no hay decreto o regulación que pueda fabricar electrones. La agenda mínima para evitar una crisis eléctrica urgente en Colombia debe incluir:
- Un plan de confiabilidad 2026-2027 con señales estables y predecibles para térmicas, sistemas de almacenamiento y programas de demanda gestionable.
- El desbloqueo acelerado de proyectos estratégicos de transmisión y generación, simplificando trámites sin comprometer estándares ambientales.
- Disciplina operativa en la administración de embalses, con reglas técnicas claras y transparencia diaria en la información.
- Pedagogía masiva en ahorro de energía y comprensión de tarifas, con protección focalizada para poblaciones vulnerables, no con incertidumbre regulatoria generalizada.
Riesgo combinado y responsabilidad política
Colombia no está condenada inevitablemente a sufrir un apagón generalizado. Pero sí enfrenta el riesgo real de una combinación peligrosa: clima adverso prolongado + retrasos estructurales acumulados + señales regulatorias confusas y cambiantes. En el sector eléctrico, la experiencia demuestra que reaccionar tarde siempre resulta considerablemente más costoso que prevenir a tiempo, tanto en términos económicos como sociales. Lo particularmente triste de esta situación es que, de materializarse una crisis, la culpa probablemente recaerá sobre el próximo gobierno, en un ciclo de desinterés y falta de responsabilidad que el país no puede permitirse. La advertencia está sobre la mesa; queda por ver si habrá acción oportuna.
