La propuesta de aplicar una sobretasa en la factura de energía para rescatar a la empresa Air-e ha generado posiciones encontradas. Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), su presidente Alejandro Castañeda respaldó la necesidad de buscar soluciones urgentes, pero fue enfático en que el financiamiento no debe recaer sobre los usuarios, sino sobre el Estado.
Una crisis acumulada en el sistema energético
El problema de Air-e no es reciente. Según explicó Castañeda, la situación se agravó tras la intervención estatal en septiembre de 2024, cuando la empresa ya presentaba dificultades financieras. Desde entonces, la deuda ha escalado a niveles críticos, alcanzando los 2,2 billones de pesos con distintos actores del sector eléctrico.
“A los generadores térmicos nos están debiendo 1,5 billones de pesos”, detalló, evidenciando el impacto directo sobre las compañías encargadas de garantizar el suministro energético.
El dirigente advirtió que esta deuda continúa creciendo mensualmente, en parte debido a decisiones regulatorias que obligan a seguir suministrando energía sin garantías de pago. Esta dinámica, señaló, ha generado un desbalance que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Sobretasa: respaldo con reservas
Aunque el titular sugiere una postura favorable de Andeg frente a la sobretasa, Castañeda matizó su apoyo. Reconoció que la medida puede ayudar a aliviar la presión financiera en el corto plazo, pero insistió en que no resuelve el problema de fondo.
“Esto no es solución total, sino tratar de aliviar la situación de caja”, explicó, subrayando que el recaudo proyectado es insuficiente frente al volumen de la deuda.
De acuerdo con sus estimaciones, incluso en un escenario optimista, la sobretasa apenas permitiría recaudar cerca de 100 mil millones de pesos anuales, una cifra muy inferior a los más de 2 billones que adeuda la compañía.
Riesgo sistémico para el país
Uno de los puntos más críticos abordados en la entrevista fue el posible efecto dominó que tendría una eventual quiebra de Air-e. Aunque la empresa opera en la región Caribe, su caída afectaría a todo el sistema eléctrico nacional.
“Esto arrastra una cantidad de compañías”, advirtió Castañeda, al explicar que los generadores, especialmente los térmicos, dependen de estos pagos para financiar la compra de combustibles. La situación es particularmente preocupante ante la llegada de un posible fenómeno de El Niño, que incrementaría la demanda energética y pondría mayor presión sobre un sistema ya debilitado.
Críticas a la gestión estatal
Castañeda también cuestionó la forma en que se ha manejado la intervención de Air-e. Recordó que, según la normativa vigente, cuando el Estado asume la administración de una empresa, debe garantizar su funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones.
“Cuando cambia de administrador, el administrador ahora es el gobierno”, explicó, sugiriendo que existe una responsabilidad directa en la actual situación financiera de la compañía. Asimismo, criticó la falta de ejecución de otras soluciones anunciadas previamente, como el pago de la opción tarifaria con recursos públicos, una promesa que, según dijo, no se ha materializado.
Un debate abierto sobre quién debe pagar
El caso de Air-e ha reavivado el debate sobre quién debe asumir los costos de las crisis en el sector energético. Mientras el Gobierno plantea una sobretasa como solución inmediata, desde Andeg se insiste en que trasladar ese peso a los usuarios no es la vía adecuada.
La discusión sigue abierta en un contexto de alta sensibilidad social y fiscal, donde cualquier decisión impactará tanto en la economía de los hogares como en la estabilidad del sistema eléctrico. Por ahora, la advertencia de Castañeda es clara: sin una solución estructural financiada por el Estado, las medidas parciales podrían resultar insuficientes frente a una crisis que amenaza con escalar.
