Colombia inicia 2026 con aparente tranquilidad eléctrica que oculta riesgos estructurales
El panorama energético colombiano presenta al comienzo de 2026 una imagen engañosamente optimista, con embalses en niveles elevados y precios de bolsa controlados. Sin embargo, la verdadera pregunta que enfrenta el país no es cómo amaneció el sistema, sino si podrá atravesar los próximos doce meses sin enfrentar sustos de racionamiento o choques tarifarios significativos.
La holgura estructural se ha reducido drásticamente
La capacidad de reserva que caracterizó años anteriores se ha visto erosionada estructuralmente por nuevos trámites burocráticos, desafíos en licenciamiento ambiental y una marcada inestabilidad regulatoria. Expertos del sector advierten que estamos frente a lo que podría describirse como una crónica de una muerte anunciada si no se toman medidas urgentes.
En términos numéricos, la situación parece controlada: XM reportó que el embalse agregado alcanzó el 79,91% el 18 de enero de 2026, con aportes hídricos equivalentes al 148% de la media histórica. No obstante, esta aparente tranquilidad contrasta con una demanda que continúa creciendo de manera sostenida.
Demanda creciente versus oferta estancada
Para el año 2026, XM estima un consumo eléctrico que oscilará entre 92.889 GWh en escenario medio y 95.086 GWh en escenario alto. Paralelamente, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) proyecta crecimientos anuales de entre 1,53% y 4,30% en los próximos años, lo que exige una expansión sostenida de la oferta que, según análisis sectoriales, no está ocurriendo al ritmo necesario.
Los embalses funcionan como la batería del sistema eléctrico nacional, lo que obliga a administrarlos con extremo cuidado para evitar caer por debajo de umbrales críticos. Si 2026 trae consigo un verano particularmente duro, la resiliencia del sistema se pondría a prueba en cuestión de semanas.
Dependencia térmica y vulnerabilidad tarifaria
Durante períodos de sequía, el sistema eléctrico colombiano tradicionalmente se apoya en plantas térmicas. Sin embargo, las restricciones en el suministro de gas natural o combustibles líquidos se traducen directamente en precios más elevados para los consumidores. Actualmente, cerca de 12 millones de hogares colombianos destinan más del 3,5% de sus ingresos al pago de servicios eléctricos.
La situación se agrava porque no se está fortaleciendo la seguridad del abastecimiento mediante nueva capacidad firme ni mediante infraestructura de transmisión adecuada. Colombia posee un potencial significativo para generar más energía renovable, pero sin redes modernas y eficientes, estas oportunidades se diluyen considerablemente.
Problemas en la infraestructura de transmisión
En diversas zonas del país se han reportado pérdidas en la transmisión que pueden alcanzar hasta el 30% de la energía generada. La reciente subasta de Cargo por Confiabilidad asignó obligaciones mayoritariamente a fuentes solares (30 de 33 proyectos), con apenas tres térmicas. Si bien la energía solar es fundamental para la transición energética, no reemplaza la potencia firme requerida durante las horas críticas de consumo, especialmente en ausencia de sistemas de almacenamiento a gran escala o respaldo térmico adecuado.
No es casualidad que varios países ya exijan la incorporación de baterías como condición para la entrada de nuevos proyectos renovables. Al mismo tiempo, proyectos estratégicos para el sistema eléctrico nacional continúan expuestos a demoras significativas por procesos de licenciamiento ambiental y social.
Agenda mínima para evitar crisis eléctrica
Los expertos identifican una agenda mínima urgente para evitar una crisis en el sector:
- Plan de confiabilidad 2026-2027 con señales estables para térmicas, sistemas de almacenamiento y demanda gestionable
- Desbloqueo acelerado de proyectos de transmisión y generación estratégica
- Disciplina operativa en la administración de embalses, con reglas técnicas claras y transparencia diaria en la información
- Pedagogía en ahorro de energía y en estructura tarifaria, con protección focalizada para poblaciones vulnerables
El problema de fondo es de naturaleza física, no normativa: sin nueva oferta firme, sin redes modernizadas y sin ejecución efectiva de proyectos, no hay decreto que pueda fabricar electrones.
Riesgo combinado y responsabilidad política
Colombia no está condenada inevitablemente a sufrir apagones generalizados, pero sí enfrenta el riesgo real de una combinación peligrosa: condiciones climáticas adversas, retrasos estructurales en infraestructura y señales regulatorias confusas. En el sector eléctrico, reaccionar tarde siempre resulta más costoso que prevenir a tiempo.
Lo paradójico de la situación es que, según analistas, la responsabilidad política recaerá probablemente en el próximo gobierno, mientras que las decisiones y omisiones actuales determinan la vulnerabilidad del sistema. El tiempo para actuar con decisión y visión estratégica se reduce cada día que pasa sin medidas concretas para fortalecer la matriz energética nacional.
