Subsidios de energía enfrentan crisis por impagos gubernamentales de $6 billones
La continuidad de los subsidios de energía en Colombia se encuentra en un escenario crítico debido a la acumulación de deudas por parte del Gobierno nacional y territorial con las empresas del sector, las cuales ascienden a aproximadamente $6 billones según datos revelados por los gremios energéticos. Esta alarmante cifra representa una amenaza directa para millones de usuarios de estratos 1, 2 y 3 que dependen de estos descuentos en sus facturas de servicios públicos.
Deuda acumulada y retrasos en pagos oficiales
Durante una rueda de prensa realizada en Cartagena por el comité intergremial del sector energético, los representantes de las empresas comercializadoras expusieron que la deuda total con corte a marzo de 2026 alcanza los $6 billones, de los cuales el 72% corresponde a obligaciones del sector público. Los subsidios eléctricos representan la mayor proporción de esta deuda, con cerca de $2,4 billones al cierre de febrero, recursos que corresponden a descuentos ya aplicados en las facturas de los usuarios más vulnerables.
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, manifestó durante el evento que "este año persisten los nubarrones financieros e incluso se incrementan los riesgos, sin duda, la principal amenaza para todo el sector de energía eléctrica y por supuesto para la debida prestación del servicio a los millones de colombianos". Los retrasos en los pagos alcanzan aproximadamente 10 meses, obligando a las empresas a cubrir con recursos propios los subsidios mediante desembolsos mensuales cercanos a $330 mil millones.
Impacto directo en tarifas y usuarios vulnerables
Los gremios insistieron en que los subsidios no constituyen un beneficio para las empresas, sino una obligación legal del Estado orientada a reducir el costo de la energía para los hogares de menores ingresos. Estos alivios cubren entre el 60% y el 15% del valor de la factura dependiendo del estrato socioeconómico. El modelo actual exige que las empresas apliquen el descuento inmediatamente y luego gestionen el reembolso estatal, lo que ha convertido a las compañías en financiadoras del sistema.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, indicó que "hoy estamos peor que hace un año. Este año no nos ha pagado nada el Gobierno. No hemos tenido un apagón por el esfuerzo de las empresas, pero hay un límite". Según estimaciones presentadas por Asocodis, las tarifas podrían aumentar hasta en un 140% para los usuarios de menores ingresos si el esquema de subsidios deja de funcionar, con la región Caribe concentrando aproximadamente un tercio de los subsidios nacionales y siendo particularmente vulnerable.
Costos operativos crecientes y medidas regulatorias
Además de los impagos, las empresas enfrentan incrementos significativos en sus costos operativos debido a medidas tributarias recientes como el aumento en la retención en la fuente y el impuesto al patrimonio, sumado al incremento del salario mínimo. A esto se agrega una propuesta regulatoria en estudio por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que, según el sector, reduciría los ingresos de las comercializadoras.
Manzur describió la situación como "una tormenta perfecta con los aumentos de los costos y que el Gobierno no pasa lo que debe". Los representantes del sector solicitaron al Gobierno el pago de las deudas acumuladas, la revisión de los impactos tributarios y ajustes a la propuesta de la CREG, advirtiendo que varias empresas podrían enfrentar dificultades operativas si no se adoptan medidas urgentes.
Respuesta gubernamental y diferencias en cifras
En entrevista con medios, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconoció la existencia de un déficit en el pago de subsidios, aunque señaló diferencias frente a las cifras presentadas por los gremios. "Sí tenemos un déficit de subsidios, lo hemos reconocido. Estamos mirando a ver dónde raspamos para ir haciendo abonos", afirmó el ministro, quien indicó que la deuda estaría alrededor de $3 billones y que se han realizado pagos por $700 mil millones.
El funcionario atribuyó el retraso a restricciones fiscales y planteó la necesidad de buscar soluciones estructurales, incluyendo la posibilidad de titularizar la deuda de subsidios para facilitar el acceso a liquidez. También señaló la necesidad de revisar la focalización de los subsidios, considerando que una parte no estaría llegando a los usuarios que realmente los necesitan.
Próximos pasos y mesa técnica
Los gremios informaron que la situación será abordada en una mesa técnica programada para el 25 de marzo, con participación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Este encuentro buscará evaluar alternativas para atender el déficit y garantizar la continuidad del servicio, aunque persisten diferencias entre las propuestas del sector privado y las posibilidades fiscales del Gobierno.
La crisis financiera afecta no solo a las comercializadoras sino a toda la cadena del sector energético, incluyendo generadores y transportadores, con implicaciones directas para la confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, expuso que en el sector de gas natural la deuda por subsidios asciende a $1,15 billones, afectando la capacidad de las empresas para mantener operaciones sin recurrir a endeudamiento o venta de activos.
