Gobierno impulsa tarifas eléctricas diferenciadas para estratos bajos en zonas vulnerables
Tarifas eléctricas diferenciadas para estratos 1 y 2 en zonas vulnerables

Gobierno avanza con propuesta de tarifas eléctricas diferenciadas para poblaciones vulnerables

En medio de un debate sobre competencias regulatorias, el Gobierno nacional avanza con una iniciativa que busca establecer tarifas diferenciales para el servicio de energía eléctrica en áreas especiales del territorio colombiano. La propuesta, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, tiene como objetivo principal reducir el costo del servicio para usuarios de estratos 1 y 2 que habitan en zonas con históricas dificultades en la prestación del servicio.

Lineamientos transitorios para equidad tarifaria

El Ministerio de Minas y Energía ha emitido para comentarios un proyecto de resolución que establece lineamientos transitorios para la aplicación de tarifas diferenciadas en el servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Según la memoria justificativa del documento, esta medida se fundamenta en el principio de justicia redistributiva, permitiendo un cubrimiento a sectores marginados que, en otras circunstancias, no tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que "en 30 años de historia del mercado de energía, los usuarios de estrato 6 han sido tratados de igual manera que los usuarios de estratos 1, es hora de que quien gane menos, pague de la misma manera". La iniciativa busca corregir desigualdades históricas en el sistema eléctrico nacional.

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Mecanismo de implementación y áreas beneficiadas

De acuerdo con el proyecto de resolución, los mecanismos propuestos permitirían a los comercializadores de energía reflejar esta diferenciación tarifaria en sus esquemas de comercialización, priorizando a los usuarios más vulnerables. La normativa establece que:

  • Las empresas comercializadoras podrán aplicar diferenciación de tarifas a usuarios regulados de las Áreas Especiales
  • Los beneficiarios principales serían usuarios de la región Caribe y el Cauca
  • Los comercializadores deberán informar mensualmente los cálculos y resultados de la aplicación

La medida tiene especial impacto en la región Caribe, donde se concentra más de un tercio de la demanda de las Áreas Especiales susceptibles de recursos del Fondo de Energía Social (FOES). Según el ministerio, en estas zonas se presentan recaudos entre el 0,5% y el 4% de la facturación, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del prestador y la continuidad del servicio.

Debates sobre competencia regulatoria

La propuesta ha generado dudas en el sector eléctrico sobre aspectos de competencia regulatoria. Algunas fuentes del sector han manifestado preocupación sobre si el Gobierno está publicando la norma para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) adopte un cambio regulatorio, o si el Ministerio de Minas y Energía se estaría atribuyendo facultades de regulación tarifaria de forma temporal.

Frente a estas inquietudes, el ministro Palma señaló que el proyecto de resolución está en línea con el mismo esquema tarifario que la Creg definió desde la ResCREG019 de 2007, que realiza la separación de productos para dar tarifas más baratas a los usuarios más desfavorecidos.

Objetivos de sostenibilidad y continuidad del servicio

El jefe de la cartera energética destacó que esta iniciativa también busca fortalecer la sostenibilidad del servicio en estos territorios, permitiendo mecanismos tarifarios que reconozcan las particularidades técnicas y sociales de estas zonas. "Nuestro objetivo es proteger a los usuarios más vulnerables y, al mismo tiempo, garantizar que el servicio de energía eléctrica se preste con continuidad y calidad", afirmó el funcionario.

Según la memoria justificativa, la tarifa diferencial permitiría a los usuarios de Áreas Especiales con limitaciones económicas tener mayor posibilidad de pago por el servicio esencial de energía eléctrica, lo que se traduciría en un aumento en el nivel de recaudo y mejoría en la sostenibilidad financiera del prestador.

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La normativa se mantendría vigente hasta cuando entre en vigencia la Fórmula Tarifaria General del nuevo periodo tarifario, estableciendo así un mecanismo transitorio mientras se definen ajustes regulatorios permanentes.