La Contraloría General de la República anunció que realiza un seguimiento preventivo a la venta del 32,5 % de las acciones de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, en el marco de la toma de control mayoritario por parte de Millicom Colombia Holding S.A.S. Esta operación generaría más de $856.000 millones para el Tesoro Nacional.
Vigilancia a los recursos públicos
El organismo de control fiscal indicó que su actuación se centra en la participación accionaria que aún pertenece a la Nación, administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por ello, solicitó a esta cartera y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones información detallada sobre el destino de los recursos que ingresarían al Tesoro Nacional tras la operación. El objetivo es evaluar el uso eficiente de estos ingresos y su contribución al beneficio social, especialmente en materia de conectividad y transformación digital.
Detalles de la operación
La operación se desarrolla en el marco de una Oferta Pública de Adquisición en la que Tigo asumió el 67,5 % de las acciones de la compañía en febrero de 2026. La Contraloría centra su vigilancia en el 32,5 % restante, sobre el cual ejerce control fiscal al tratarse de recursos públicos. En la primera etapa de la enajenación se adjudicaron 3.000 acciones a destinatarios de condiciones especiales. Posteriormente, se abrió un proceso de precalificación en el que se presentó un único interesado: Millicom Colombia Holding S.A.S., declarado inversionista precalificado.
Actualmente, se verifican los documentos de la oferta y las subsanaciones correspondientes. La subasta estaba prevista para el 24 de abril de 2026 y el cierre para el 29 de abril, en un proceso que mantiene la atención del órgano de control por su relevancia fiscal y sectorial.
Transparencia y valoración
La Contraloría subrayó la necesidad de que la operación se desarrolle bajo principios de transparencia, defensa del patrimonio público y garantía de continuidad en la prestación del servicio, conforme al Decreto 1481 de 2025. Asimismo, enfatizó la importancia de asegurar una adecuada valoración de las acciones, cuyo precio de referencia es de $772,38 por acción.
Destinación de los recursos
El Ministerio de Hacienda ha indicado que los recursos ingresarían a su presupuesto y podrían ser apropiados en vigencias futuras para financiar inversiones estratégicas, especialmente aquellas orientadas al cierre de la brecha digital. La Contraloría destacó que es fundamental evaluar la contribución de estos recursos a la conectividad y al uso productivo de las tecnologías.
El análisis de control fiscal macro revela que, si bien el Índice de Brecha Digital se sitúa en 0,384, con una mejora frente a 2018, persisten desafíos estructurales. En particular, las habilidades digitales representan el 34,7 % de la brecha total, lo que evidencia que las limitaciones no se concentran únicamente en infraestructura, sino también en el desarrollo de capacidades.
Desde esta perspectiva, la entidad advirtió que la destinación de los recursos públicos debe priorizar la inversión en capital humano digital y la apropiación tecnológica, con el fin de garantizar un impacto sostenible. Además, recordó que mientras existan recursos públicos comprometidos, la empresa continuará siendo sujeto de control fiscal.
La operación, en consecuencia, no solo implica una transacción financiera relevante para el Estado, sino que también plantea desafíos en términos de política pública y desarrollo sectorial. La vigilancia de la Contraloría busca asegurar que este proceso contribuya efectivamente al fortalecimiento del sector TIC y a la reducción de brechas estructurales en el país.
