Asobancaria expone una red criminal que manipula la ley de insolvencia para defraudar al sistema financiero
En una rueda de prensa reveladora, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, denunció la existencia de un "cartel de la insolvencia" que opera de manera fraudulenta en Colombia. Este mecanismo legal, diseñado para proteger a personas con dificultades económicas genuinas, está siendo instrumentalizado por grupos organizados para evadir el pago de obligaciones con entidades financieras, del sector solidario, fintech y empresas.
El modus operandi del cartel: engaños y falsificaciones
Según el gremio bancario, este cartel se caracteriza por una estructura criminal bien definida, integrada por abogados, asesores y centros de conciliación. Su estrategia implica acercarse a ciudadanos a través de redes sociales, donde les venden "sueños" como acceso a vacaciones o vehículos, con la promesa de que las deudas serán condonadas mediante procesos de insolvencia.
Los métodos fraudulentos documentados por Asobancaria incluyen:
- Falsificación de deudas: Consultores y abogados proponen a grupos de personas declararse en insolvencia utilizando deudas inventadas o simuladas.
- Créditos malintencionados: Se sugiere solicitar préstamos con la intención premeditada de no pagarlos, aprovechando el marco legal de la insolvencia.
- Uso de "prestanombres": Personas naturales, conocidas como "quiroamigos", prestan su identidad para aparecer en documentos crediticios y así crear deudas falsas que cumplan los requisitos legales.
- Conciliaciones exprés: El cartel garantiza acuerdos rápidos tras la creación de estas deudas fraudulentas, beneficiándose económicamente de cada transacción.
Cifras alarmantes y consecuencias graves
La magnitud de este fenómeno es preocupante. Hace una década, se registraban aproximadamente 400 casos de insolvencia en Colombia. Sin embargo, el año pasado esta cifra se disparó a 20.000 procesos, y se proyecta que para este año supere los 30.000. En términos económicos, se estima que están comprometidos más de COP 1 billón, lo que representa un impacto significativo para la estabilidad financiera del país.
Ante esta situación, Asobancaria ha iniciado procesos penales contra los involucrados. Iván Cancino, abogado penalista, explicó que la responsabilidad no solo recae sobre los abogados que participan, sino también sobre los centros de conciliación que facilitan estos acuerdos fraudulentos. Incluso, señaló que quienes promueven estas prácticas podrían estar incurriendo en delitos como concierto para delinquir y fraude procesal.
Impacto en los ciudadanos y el sistema crediticio
Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, advirtió que, aunque la ley de insolvencia está diseñada para proteger a los ciudadanos en situaciones legítimas, su actual tergiversación afecta a toda la sociedad. Las consecuencias incluyen:
- Riesgos penales para los participantes: Los ciudadanos que se involucren en estas prácticas fraudulentas podrían enfrentar acciones judiciales.
- Endurecimiento de las condiciones crediticias: Para frenar el fraude, es probable que las entidades financieros ajusten sus políticas, dificultando el acceso al crédito para personas honestas.
- Desconfianza institucional: Este abuso del sistema legal puede erosionar la confianza en los mecanismos de protección al deudor.
La denuncia de Asobancaria subraya la necesidad de una coordinación sistemática entre autoridades judiciales, gremios financieros y la sociedad para combatir esta red criminal. La protección del sistema financiero y la integridad de los procesos legales son fundamentales para mantener la estabilidad económica y la justicia en Colombia.
