Colombia enfrenta crisis múltiples que desafiarán al próximo mandatario
En los próximos meses, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien independientemente de su filiación política enfrentará una tarea titánica. El país no atraviesa una sola crisis, sino varias simultáneas que demandarán decisiones difíciles y consensos amplios.
Desbalance fiscal preocupante
De acuerdo con el más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, aunque el recaudo tributario al inicio de 2026 superó las expectativas iniciales, las presiones de gasto público, deuda y problemas de liquidez mantienen un desbalance significativo en las finanzas públicas nacionales. Esta situación limita severamente la capacidad de ajuste en el corto plazo y eleva las alertas sobre la sostenibilidad fiscal del país.
Los datos son contundentes: a febrero de 2026, el gasto total del gobierno alcanzó el 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el mismo período del año anterior. El gasto primario llegó al 2,9%, evidenciando presiones muy por encima de los promedios históricos registrados. A esto se suma un presupuesto nacional para 2026 que asciende a $474 billones, el cual no incorpora plenamente los ajustes de financiamiento necesarios.
La situación de endeudamiento es igualmente alarmante. La deuda bruta del gobierno central alcanzó el 65% del PIB tras el aumento registrado en diciembre del año anterior, impulsado principalmente por el crecimiento acelerado de la deuda externa, llegando así a niveles históricamente altos para la economía colombiana.
Crisis energética inminente
El panorama del sector energético tampoco es alentador. La brecha crítica entre oferta y demanda se encuentra actualmente entre el 1% y 2%, comprometiendo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional ante cualquier contingencia operativa. Esta vulnerabilidad se agrava considerablemente ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, que podría reducir significativamente los aportes hídricos, base fundamental de la generación eléctrica en Colombia.
Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, esta situación responde a años de rezagos acumulados en la expansión del sistema energético nacional. La ausencia de nuevos proyectos de generación y los retrasos crónicos en la entrada de capacidad han erosionado progresivamente el margen de respaldo del sistema.
Las proyecciones hacia el futuro son aún más preocupantes: para 2028, el déficit de energía en firme podría alcanzar el 6%, equivalente aproximadamente a 2500 megavatios, comprometiendo seriamente la capacidad del país para atender la demanda eléctrica de la población y la industria.
Colapso del sistema de salud
En materia de salud pública, la situación se torna aún más crítica. Un informe reciente de la Procuraduría General de la Nación evidencia un aumento exponencial de quejas, tutelas y casos de desacato, reflejando el deterioro progresivo y acelerado del sistema de salud colombiano.
Las intervenciones gubernamentales a las EPS, lejos de estabilizar el sistema, han agravado los problemas estructurales de acceso, calidad y sostenibilidad financiera. El caso de Nueva EPS resulta particularmente ilustrativo: el costo de prestación de servicios superó ampliamente los ingresos, pasando del 95,6% en 2022 al 121% en 2023, con un patrimonio negativo que alcanzó los $4,4 billones en 2024.
Para 2025, se proyectan más de 131.000 acciones de tutela y 33.000 incidentes de desacato dentro del sistema de salud, evidencia contundente de una pérdida dramática en la capacidad de respuesta institucional. Además, el sistema enfrenta un déficit financiero cercano a los $16,86 billones, con indicadores de siniestralidad que alcanzan el 109%.
Deterioro de la seguridad nacional
En materia de seguridad ciudadana y orden público, la tendencia también es profundamente preocupante. Durante los primeros 34 meses del actual gobierno, el delito de secuestro aumentó en un 102%, revirtiendo así más de una década de reducción continua de este flagelo.
En paralelo, el pie de fuerza de los grupos armados ilegales creció un 23,5%, superando los 27.000 integrantes activos, acompañado de un incremento del 34% en los enfrentamientos armados registrados a nivel nacional. Actualmente existen al menos 13 zonas en disputa activa entre actores armados y presencia de estos grupos en 797 municipios colombianos, equivalente al 71% del territorio nacional.
Desafíos para el próximo gobierno
Por estas razones, quien resulte elegido para gobernar a partir del 7 de agosto próximo tendrá un panorama extremadamente complicado y deberá tomar una serie de decisiones impopulares pero necesarias para estabilizar las múltiples crisis del país y sentar bases sólidas para el futuro de Colombia.
Para lograr este objetivo, será fundamental contar con equipos técnicos capaces de formular políticas públicas basadas en evidencia científica y con la habilidad política de construir consensos amplios en medio de las diferencias ideológicas naturales en una democracia.
En lugar de profundizar la fragmentación social y política, como parecen incentivar algunas campañas presidenciales e incluso declaraciones del presidente Gustavo Petro, resulta imperativo ampliar los espacios de diálogo constructivo y aprender a construir soluciones desde las diferencias legítimas.
La propuesta liderada por figuras como Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, dos personas con ideas políticas divergentes y numerosos desacuerdos conceptuales pero que comparten un propósito común de construir un mejor futuro para Colombia, representa precisamente el tipo de aproximación que el país necesita urgentemente.
Al final del camino, para que Colombia realmente cambie y salga adelante, no se requiere la figura de un mesías político sino el trabajo mancomunado, responsable y comprometido de todos los colombianos hacia objetivos nacionales claros y compartidos.
