Colombia en una encrucijada: economía frágil y descontrol institucional
La realidad actual de Colombia, a pesar de los avances registrados en décadas anteriores, dista mucho de ser satisfactoria. El país continúa enfrentando desafíos profundos de pobreza, desigualdad y violencia. Las instituciones políticas han demostrado ser incapaces de responder a las necesidades y expectativas de una sociedad que ha experimentado una transformación significativa en el último medio siglo y que aspira legítimamente a mejores oportunidades de desarrollo.
La situación económica: señales de alerta
La deuda pública, aunque se mantiene en niveles técnicamente tolerables, se encuentra cerca de sus límites máximos en relación con las expectativas de crecimiento económico. Este panorama se ha visto perturbado por los efectos persistentes de la epidemia global de 2020-2021. Por otro lado, la tasa de cambio ha presentado ciertas oportunidades para fortalecer cadenas productivas nacionales, aunque estas ventajas podrían ser efímeras.
Desde entonces, el crecimiento económico ha sido notablemente modesto, mientras se han acumulado factores negativos que resultan difíciles de neutralizar sin implementar cambios profundos en las políticas económicas y ajustes estructurales en las instituciones públicas. Es crucial recordar que aproximadamente un tercio del ingreso nacional pasa por las arcas del gobierno nacional y las entidades territoriales, lo que subraya la importancia de una gestión fiscal responsable.
El aumento del gasto público y sus riesgos
El gobierno central ha incrementado significativamente los subsidios dirigidos a estamentos vulnerables de la población. Además, ha ampliado su nómina de colaboradores de aproximadamente un millón a 1,3 millones, lo que representa un aumento del 30%. Paralelamente, se ha decretado un incremento del salario mínimo del 23% para 2026.
Este aumento salarial resulta particularmente preocupante considerando que el índice de precios al consumidor registró un alza del 5% en 2025. Esta combinación de factores hace prever con seguridad una inflación alta en 2026, a menos que se produzcan correcciones significativas mediante providencias judiciales o ajustes de política económica.
La base de la pirámide social aún no ha experimentado plenamente las consecuencias de este desorden económico. De hecho, en el corto plazo, podría incluso percibir una mejora en sus condiciones. Sin embargo, esta aparente mejoría podría resultar temporal y engañosa.
Factores que distorsionan el crecimiento
Además del incremento en el gasto público, que ha sido financiado en gran parte mediante deuda adicional en moneda extranjera, el modesto crecimiento económico de 2025 se sustentó principalmente en el aumento de las remesas provenientes del exterior. Las cifras de estas remesas alcanzaron niveles similares a los de las exportaciones de petróleo, que tradicionalmente han sido el rubro más importante de la balanza comercial colombiana.
El peso colombiano se ha fortalecido en meses recientes, pero este fortalecimiento no responde a mejoras en la productividad nacional. Por el contrario, está vinculado a la emigración de aproximadamente 3 millones de colombianos que han salido del país en busca de mejores oportunidades laborales y de vida. Esta circunstancia, sumada al aumento del salario mínimo, amenaza directamente la sostenibilidad de importantes cadenas agroindustriales que son vitales para la economía nacional.
El deterioro de la seguridad y sus consecuencias
La economía colombiana funcionaría considerablemente mejor si la población tuviera garantías de seguridad en todo el territorio nacional. Lamentablemente, en este capítulo se ha registrado un serio retroceso durante los últimos años. Si bien el país tenía una deuda pendiente en cuanto a aumentar la remuneración de la base del ejército, esta medida no generará beneficios significativos para la sociedad en su conjunto.
El ordenamiento de las fuerzas armadas se ha deteriorado notablemente desde el primer día del gobierno actual, mientras que los privilegios concedidos a grupos ilegales armados se han institucionalizado bajo la política de "paz total". Actualmente, aproximadamente dos tercios del territorio nacional, que albergan alrededor del 10% de la población, se encuentran bajo el control efectivo de estos grupos.
Falta de propuestas sustantivas y necesidad de reformas
Los aspirantes a la presidencia no están proponiendo cambios sustantivos en las instituciones del Estado. Existe la preocupación de que se hayan resignado a convivir con un estado corrupto que no impulsa el crecimiento económico ni el desarrollo social. En contraste, el presidente Gustavo Petro ha propuesto reformas mediante una Asamblea Constituyente, aunque estas iniciativas han sido criticadas por sus propósitos arbitrarios y la falta de un método adecuado para su implementación.
Colombia necesita urgentemente un Estado que funcione eficientemente y que ofrezca oportunidades reales para todos sus ciudadanos. Se requieren medidas acertadas y contundentes contra la corrupción, lo que incluye el fortalecimiento de verdaderos partidos políticos, la implementación de reglas efectivas sobre campañas electorales y su financiación, un sistema moderno de control vinculado al registro de transacciones financieras, y una simplificación radical de las reglas fiscales.
Además, es imperativo suprimir las costosas protecciones no arancelarias que distorsionan el mercado, con el objetivo de impulsar la eficiencia económica en lugar de mantener preferencias sectoriales injustificadas.
El camino hacia adelante
Será necesario conjugar audacia y rigor institucional para neutralizar las consecuencias nocivas de las políticas implementadas durante el gobierno de Gustavo Petro y, al mismo tiempo, ofrecer un mejor futuro a todos los colombianos. El país se encuentra en un momento decisivo que requiere liderazgo responsable, visión de largo plazo y compromiso genuino con el bienestar de la nación.
