Colombia enfrenta una crisis climática con miles de familias afectadas
Colombia atraviesa una emergencia climática real y devastadora. Miles de familias han sido golpeadas severamente por las intensas lluvias, perdiendo sus viviendas, sus medios de sustento y requiriendo respuestas inmediatas y efectivas por parte del Estado. En este contexto crítico, el sistema financiero nacional ha manifestado su disposición para acompañar a los damnificados, activando esquemas de flexibilización y renegociación de obligaciones, además de poner a disposición todos los instrumentos que el marco legal vigente permite.
Medidas gubernamentales generan controversia y preocupación
Precisamente por la gravedad de la situación, las decisiones de política pública deben ser especialmente responsables y transparentes. Una emergencia no puede convertirse en un atajo para imponer medidas que no guardan relación directa con la atención inmediata de los afectados, sino que más bien parecen estrategias para revivir reformas archivadas y promover medidas de dudosa constitucionalidad.
En el reciente Consejo de Ministros se anunciaron dos medidas polémicas amparadas en un nuevo decreto de emergencia:
- Una tarifa del impuesto al patrimonio superior al 1,2% para las entidades financieras
- La creación de nuevas inversiones forzosas, extendidas más allá del sector agropecuario
Ninguna de estas decisiones apunta directamente a aliviar a las familias afectadas por la emergencia climática. Ambas implican costos significativos para la economía nacional y, en última instancia, para todos los ciudadanos colombianos.
Análisis detallado de las implicaciones fiscales
Si el impuesto al patrimonio se fijara en una tarifa del 1,5%, por ejemplo, el sector financiero pagaría cerca de $2,6 billones, de los cuales $1,5 billones corresponderían específicamente a los bancos. Esto equivaldría al 32% del costo total estimado de la emergencia, pese a que el sector financiero solo representa alrededor del 4% del Producto Interno Bruto nacional.
Con una tarifa del 2%, la carga fiscal ascendería a $3,4 billones, es decir, el 43% del total y hasta diez veces el peso relativo del sector en la economía colombiana. Esta no representa una distribución solidaria del esfuerzo, sino una desproporción difícil de justificar tanto técnica como socialmente.
A esta preocupación se suma la falta de claridad sobre el uso específico de los aproximadamente $8 billones que se estima requeriría la atención integral de la emergencia climática, una inquietud que también ha sido expresada por varios gobernadores de las regiones más afectadas.
Preocupación por el retorno de la represión financiera
Aún más alarmante resulta el anuncio sobre nuevas inversiones forzosas. El Presidente de la República planteó eliminar la cartera sustitutiva y establecer mecanismos obligatorios adicionales. Aunque no se detalló completamente la medida, un esquema similar al que alguna vez se propuso, del orden de $35 billones, implicaría el claro retorno de la represión financiera.
Esto se traduciría directamente en crédito más caro para hogares y empresas, justo en el momento cuando los afectados por la emergencia climática necesitan mayor acceso a financiamiento y alivios económicos, no nuevas restricciones y barreras crediticias.
El sistema financiero defiende su cumplimiento del Pacto por el Crédito
Para sustentar estas decisiones controvertidas, el Gobierno ha señalado un supuesto incumplimiento del Pacto por el Crédito. Sin embargo, los datos oficiales muestran exactamente lo contrario. A falta de un mes para su culminación, ya se ha desembolsado más del 90% de la meta total establecida.
En apenas 17 meses, los desembolsos en los sectores priorizados crecieron a una tasa anual del 16%, frente al 12% en el resto de la economía nacional. La participación de micro y pequeñas empresas pasó del 46% al 53%. Si se incluyen las medianas empresas, las MiPymes hoy reciben el 67% de los desembolsos, nueve puntos porcentuales más que antes del pacto.
En buena fe, la banca colombiana viene cumpliendo el Pacto por el Crédito y resulta cuestionable que el Gobierno cuestione un esfuerzo real de trabajo público-privado que ha demostrado ser exitoso y beneficioso para la economía nacional.
Llamado a la responsabilidad institucional y económica
Las emergencias climáticas exigen empatía genuina con las víctimas, rapidez en la acción y soluciones efectivas, pero también rigor institucional y responsabilidad económica. Imponer cargas fiscales desproporcionadas, desconocer avances demostrables y tensionar las reglas establecidas no ayuda concretamente a los damnificados, especialmente cuando no se han anunciado ajustes presupuestales claros y transparentes para atender la emergencia.
El resultado previsible de estas medidas sería: menos crédito disponible, menor inversión productiva y crecimiento económico reducido, justo cuando Colombia más necesita reactivar su economía tras la emergencia climática.
El sistema financiero colombiano seguirá acompañando a las familias afectadas con responsabilidad y vocación social demostrada. Pero la confianza, pilar fundamental de cualquier recuperación económica sostenible, se construye respetando las reglas establecidas y promoviendo la transparencia. Cuando las emergencias se usan como atajos para medidas cuestionables, el costo final no lo asume únicamente un sector económico, lo termina asumiendo todo el país en su conjunto.
