La controversia sobre las tasas de interés y la estabilidad institucional
Quienes se molestan por la subida de las tasas de interés tienen razón en su preocupación, pues niveles elevados frenan la actividad económica, enfrían las ventas y aumentan los costos de la deuda. Sin embargo, el Gobierno no tiene justificación si la causa de su enojo es la necesidad de mostrar crecimiento a cualquier precio, como ha venido ocurriendo, o para expandir el gasto público con miras a ampliar su agenda política.
La diferencia fundamental entre críticos y Gobierno
La gran diferencia entre quienes se oponen a esa subida de tasas y el Gobierno es que los primeros, por encima de sus beneficios particulares, valoran la estabilidad institucional. Esta solo se consigue si existe respeto entre las distintas Ramas del Poder Público, y de estas con los demás organismos que fundamentan el Estado, como el banco central.
Argumentos técnicos detrás del aumento
Si el propósito de la Junta Directiva del Banco de la República fue frenar una posible escalada de la inflación, el incremento de la tasa de interés en 100 puntos básicos es concordante con el fin esperado. Esto no puede ser calificado como "irresponsable", tal como lo hizo el ministro de Hacienda, aunque el aumento pudo ser algo menor.
Esta decisión es aún más plausible si se revisan los argumentos técnicos que tuvo en cuenta la mayoría de miembros de la Junta:
- Existe una inflación persistente (en febrero se ubicó en 5,3%, superando el cierre de 2025)
- Las expectativas de inflación para 2026 y 2027 permanecen por encima de la meta del 3%
- Los factores externos, sobre todo los conflictos en Oriente, prometen encarecer insumos críticos para nuestra realidad interna, como fertilizantes y gas
Responsabilidades institucionales incumplidas
Por más razones que le asistan al ministro de Hacienda, sencillamente no puede mantener su oferta de ausentarse en las futuras reuniones en las que se discuta sobre las tasas de interés. Se trata de un deber legal del que no puede sustraerse.
Tampoco contribuye el presidente de la República a la observancia del principio de separación de poderes y de colaboración armónica entre las autoridades del Estado al tachar como mayoría opositora que busca arruinar la economía para afectar los resultados electorales del progresismo. Esto implicaría que solo cuando los codirectores se alinean con las directrices de palacio, actúan con independencia.
Falta de previsión gubernamental
Si lo que quería el Gobierno era que no se subieran las tasas de interés, habría tomado las debidas precauciones y no, como ocurrió, adoptar medidas que claramente politizan la economía.
Ausencia de bloqueo institucional
Contrario a lo que afirman en palacio, no hay bloqueo institucional. La prueba reina de ello es que el Gobierno ha hecho lo que ha querido con los recursos que ha tenido disponibles para gastar. No los ha orientado a favorecer la productividad, que es el elemento detonante de las realidades del mercado que hace sostenible la economía a largo plazo, sino para destinarlos a proyectos mínimos que alivian temporalmente la pobreza pero que garantizan esa clase de lealtad que es tan apetecida a la hora de contar votos en las urnas.
La verdadera irresponsabilidad no está en la subida de tasas para contener la inflación, sino en la politización de la economía y el uso del gasto público con fines electorales en lugar de desarrollo productivo.
