Gremios empresariales advierten sobre consecuencias catastróficas del impuesto al patrimonio
En medio de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional, los gremios empresariales han elevado una voz de alerta sobre las potenciales consecuencias devastadoras del impuesto al patrimonio establecido mediante los decretos 173 y 240 de 2026. Según análisis del Consejo Gremial, esta medida podría desencadenar un deterioro económico sin precedentes en el país.
Detalles técnicos del controvertido impuesto
La firma especializada Holland & Knight ha detallado que el gravamen aplica para personas jurídicas y sociedades cuyo patrimonio líquido al primero de marzo de 2026 sea igual o superior a las 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalente a más de COP 10.478,8 millones en pesos colombianos. La tarifa general establecida es del 0,5 %, mientras que para instituciones financieras, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo se fija en 1,6 %.
Entre las excepciones contempladas se encuentran:
- Empresas del sector salud
- Empresas intervenidas por el estado en ejercicio de funciones de inspección
- Empresas de servicios públicos domiciliarios en municipios con calamidad pública declarada
Preocupación por la liquidez empresarial y el empleo
Los representantes gremiales explican con preocupación que muchas empresas no cuentan con la liquidez suficiente para cumplir con esta obligación tributaria. Esta situación podría generar efectos en cadena que incluyen:
- Afectación directa a la operación normal de las compañías
- Cierre parcial o total de establecimientos comerciales
- Declaración de quiebras empresariales
- Caída en el desempleo de miles de trabajadores colombianos
El Consejo Gremial ha cuantificado la carga impositiva en aproximadamente COP 8,3 billones para el sector empresarial, cifra que califican como "inasumible" para el sector productivo nacional. Además, destacan que el plazo establecido para el pago no permite a las empresas prepararse adecuadamente para esta obligación financiera.
Cuestionamientos constitucionales y de seguridad jurídica
Los gremios han planteado serias objeciones de carácter constitucional, señalando que la Constitución establece que las decisiones adoptadas en estados de emergencia deben estar directamente relacionadas con la crisis que se busca atender. Sin embargo, según su análisis, el propio Gobierno ha reconocido que estas medidas también buscan cubrir un hueco fiscal anterior, lo que pone en duda su enfoque exclusivo en la emergencia actual.
"Crear un impuesto de esta magnitud por decreto implica, en la práctica, dejar de lado al Congreso y el debate democrático que requieren los cambios tributarios estructurales", argumentan los representantes empresariales.
La preocupación se extiende al ámbito de la inversión, donde consideran que este tipo de medidas deterioran la seguridad jurídica para el empresariado, generando incertidumbre que podría afectar los flujos de capital hacia el país.
Llamado a la Corte Constitucional
Desde el Consejo Gremial se ha hecho un llamado urgente a la Corte Constitucional para que actúe con rapidez en la evaluación de estas medidas y considere su suspensión provisional. "El respeto por la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos", concluyeron los representantes del sector empresarial.
Esta situación pone en evidencia la tensión entre las necesidades fiscales del Estado y la capacidad de respuesta del sector productivo en un contexto de emergencia económica, generando un debate que trasciende lo tributario para tocar aspectos fundamentales del modelo económico y la gobernanza democrática del país.
