Alerta máxima en el sector empresarial colombiano por impuesto al patrimonio
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, ha emitido una severa advertencia sobre el impuesto al patrimonio que deben pagar las personas jurídicas, señalando que "la economía colombiana y el sector empresarial colombiano tienen un gran riesgo en este momento que se materializará en abril".
Fecha crítica: 1 de abril de 2026
La alerta se produce porque el próximo 1 de abril, aproximadamente 15.000 empresas con patrimonio líquido superior a $10.474 millones deberán cancelar la primera mitad de este gravamen establecido mediante el Decreto Legislativo 173 de 2026.
Mac Master criticó duramente la medida, afirmando que "la ambición de gasto del gobierno nacional, que además ha contado con mecanismos de priorización que han producido resultados negativos, se vea ahora reflejada en la repetida intención de tratar de poner un impuesto al patrimonio, en este caso de las empresas, que no es otra cosa que un impuesto a la inversión y a la generación de empleo".
Estructura del gravamen y recaudo esperado
El impuesto establece una tarifa diferencial:
- 1,6% para los sectores financiero y minero energético
- 0,5% para las demás actividades económicas
La segunda mitad del pago deberá realizarse el 4 de mayo de 2026. Según este esquema, la banca y el sector extractivo aportarán cerca del 56% de los $8 billones que el Gobierno Nacional espera recaudar con este nuevo tributo.
Críticas internacionales y llamado a la Corte Constitucional
El líder gremial destacó que "este impuesto en varias partes del mundo ha sido declarado altamente inconveniente para los intereses de cada uno de ellos" y cuestionó la justificación gubernamental: "Hoy con la excusa de una emergencia invernal (ya que no hay ninguna explicación de causalidad entre los recursos para atender la misma y los recursos que eventualmente se recaudarían) se está repitiendo el intento".
Ante esta situación, Mac Master realizó un llamado urgente a la Corte Constitucional para que suspenda temporalmente la aplicación del impuesto hasta que se produzca una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
Alerta del Consejo Gremial Nacional
Desde el Consejo Gremial Nacional, liderado por Natalia Gutiérrez, también se ha generado una alerta máxima acerca de este gravamen. Gutiérrez advirtió que "Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse".
La líder gremial explicó que las compañías tienen menos de 10 días para obtener liquidez y cancelar el monto correspondiente, "lo que las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo".
Consecuencias devastadoras para el tejido productivo
Gutiérrez precisó la necesidad de diferenciar entre una norma que busca un recaudo eficiente y un "intento de asfixiar al tejido productivo", señalando que las nuevas disposiciones del impuesto al patrimonio castigan a las empresas por haber tomado la decisión de invertir.
El gravamen afecta directamente al sector empresarial que genera más de tres millones de empleos formales, con tres principales consecuencias:
- Asfixia la caja al exigir liquidez en corto plazo, impactando la operación diaria
- Incrementa el nivel de endeudamiento caro destinado a pagar responsabilidades a la Dian
- Representa "un freno en seco a la inversión que tanto necesita el país"
La líder gremial concluyó señalando que "al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías y terminarían algunas pagando impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año. La presión es imposible de asumir".
