Equipo económico de José Antonio Kast prepara ajuste fiscal tras revelarse déficit estructural de 3,6% del PIB
El deterioro de las cifras fiscales revelado en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) ha reforzado los planes del equipo económico del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El documento oficial mostró un déficit estructural de 3,6% del Producto Interno Bruto y un déficit efectivo de 2,5%, confirmando las advertencias formuladas durante la campaña electoral.
Confirmación de pronósticos y urgencia de acción
Desde el entorno de Jorge Quiroz, quien asumirá como ministro de Hacienda, señalaron que los números no sorprendieron al equipo económico. Por el contrario, ratificaron las alertas que habían venido formulando sobre la situación fiscal del país.
"Las cifras recibidas confirman lo que creemos ha sido irresponsabilidad del actual Gobierno al incumplir tres de cuatro veces las metas autoimpuestas y en magnitudes llamativas", explicaron fuentes cercanas al equipo de Quiroz.
El equipo ya trabajaba bajo el supuesto de ingresos sobreestimados y anticipaba que el desbalance fiscal sería más profundo de lo anunciado oficialmente. Sus dudas se afianzaron particularmente durante la tramitación de la Ley de Presupuesto para 2026.
Plan de ajuste de US$6.000 millones sigue vigente
Pese al mayor déficit informado, el plan de ajuste de US$6.000 millones en 18 meses mantiene su vigencia. El equipo económico insiste en que la meta de convergencia fiscal debe cumplirse dentro del período de Gobierno, con señales concretas desde el primer año de gestión.
"Nuestro objetivo general es, y siempre ha sido, la recuperación del equilibrio fiscal estructural dentro del período de Gobierno", enfatizaron desde el entorno de Quiroz.
El mal estado de las finanzas públicas y la necesidad de un recorte significativo fue un eje central de la campaña de Kast, donde incluso algunos sectores políticos cuestionaban la magnitud del problema.
Medidas concretas de contención del gasto
En lo operativo, el plan contempla un ajuste de gasto temprano y de magnitud significativa. El paso inicial será recortar aproximadamente US$3.000 millones durante el primer año, mediante un decreto de modificación presupuestaria en los primeros meses de la nueva administración.
Las medidas incluyen:
- Una Ley de Presupuestos "muy austera" para el próximo período
- Nuevas iniciativas legales de contención y reducción del gasto
- Ajustes en el funcionamiento del Ejecutivo
- Combate a ineficiencias identificadas en diversas áreas
El ajuste se enfocará en partidas donde se han identificado ineficiencias significativas, como la evasión en el transporte público o las licencias médicas irregulares observadas por la Contraloría.
Fundamentos técnicos y respaldo institucional
Las expectativas del equipo económico encuentran respaldo en los planteamientos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que ha levantado alertas en múltiples ocasiones sobre la situación fiscal, al igual que otros economistas especializados en temas fiscales.
Además, las propuestas se alinean con las discutidas en la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público y en entidades como el Centro de Estudios Públicos (CEP).
La comisión asesora, compuesta por cinco especialistas, presentó en septiembre medidas de carácter administrativo y legislativo para implementar en el corto, mediano y largo plazo, abarcando áreas como:
- Educación superior
- Sistema de salud
- Control presupuestario
- Empleo público
- Oferta programática del Estado
Respuesta a críticas y visión de futuro
Frente a declaraciones como las del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien afirmó que "se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa", el equipo de Quiroz enfatiza que su foco está en buscar soluciones más que en asignar responsabilidades.
"El cuadrar las cuentas considera la forma idónea de darle sostenibilidad fiscal a los beneficios sociales y de asegurar que el Fisco cuente con los recursos para hacer frente a las emergencias", explicaron.
El equipo económico insiste en que ordenar las finanzas públicas es fundamental para garantizar la protección social a largo plazo y mantener la capacidad del Estado para responder a contingencias futuras.
