Impacto fiscal del aumento salarial: Anif advierte sobre múltiples efectos
La decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23% para 2026, estableciéndolo en $1.750.000, genera profundas preocupaciones sobre la estabilidad fiscal del país según análisis recientes. El Centro de Estudios Económicos Anif presentó un informe detallado que cuantifica las presiones financieras que este ajuste generaría en diversos frentes gubernamentales.
Efectos directos en el sistema pensional
Uno de los impactos más significativos se presenta en el sistema de pensiones administrado por Colpensiones. La Constitución establece que ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo, lo que obliga al ajuste automático de todas las pensiones equivalentes a este monto. Según datos de Anif, aproximadamente 1.027.734 pensionados, equivalente al 55,4% del total de jubilados con Colpensiones, reciben exactamente un salario mínimo.
El mayor gasto fiscal asociado al ajuste de estas pensiones ascendería a $3,1 billones para 2026, comparado con un escenario base donde el incremento hubiera sido del 6% (considerando IPC más productividad). Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, complementa esta perspectiva señalando que Colpensiones tendría un gasto de $24,8 billones este año, con proyecciones que podrían ampliar el déficit hasta $5 billones considerando nuevos reconocimientos.
Presiones sobre la nómina estatal y recaudo tributario
El informe de Anif también destaca cómo el aumento salarial afectaría directamente las finanzas del Gobierno a través de mayores costos en nómina pública. Según estimaciones basadas en datos del Dane, aproximadamente 80.000 empleados públicos con contratos a término fijo e indefinido generarían una presión adicional cercana a los $300.000 millones en gastos de personal para 2026.
Paralelamente, el aumento en los costos laborales de las empresas podría reducir significativamente el recaudo del impuesto de renta. Los mayores pagos de nómina se suman a los costos deducibles de las empresas, disminuyendo así la renta líquida gravable. Manteniendo constantes las tasas de tributación y el número de personal ocupado, Anif proyecta que el pago del impuesto de renta para el año gravable 2026 (pagadero en 2027) se reduciría alrededor de $3,5 billones.
Advertencias sobre la regla fiscal y contexto legal
El análisis económico enfatiza que estos incrementos generan "rigideces adicionales" sobre la inflexibilidad del gasto público, limitando el margen de maniobra del Gobierno para sanear las finanzas nacionales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ya había advertido sobre estas implicaciones, estimando costos fiscales de $5,3 billones en 2026 y $8 billones en 2027.
Actualmente, existen más de 15 demandas en el Consejo de Estado contra el incremento del salario mínimo, algunas solicitando medidas cautelares como la suspensión del ajuste. Aunque aún no hay pronunciamientos definitivos sobre estas acciones, el debate sobre el impacto económico continúa intensificándose.
Andrés Felipe Izquierdo añade un factor crucial al análisis: "Hay que ver el impacto en formalidad para ver si los ingresos de Colpensiones se mantienen, aumentan o disminuyen". Este aspecto resulta fundamental, ya que mientras aumentan los gastos pensionales, también deberían incrementarse los ingresos mediante mayores aportes de los cotizantes, dependiendo del comportamiento del mercado laboral formal.
El informe concluye señalando que el Gobierno se encuentra al límite en el cumplimiento de la Regla Fiscal durante el primer semestre del año, según análisis del grupo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá. Esta situación podría complicar el retorno a la senda de ajuste que exige la normativa fiscal vigente, generando desafíos adicionales para la gestión económica nacional.
