Presidenta del Consejo Gremial alerta sobre deterioro económico por impuesto al patrimonio
La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, ha emitido una alerta contundente sobre el deterioro económico sin precedentes que enfrentaría Colombia debido al nuevo impuesto al patrimonio reglamentado por el Gobierno. En declaraciones públicas, Gutiérrez señaló que el país está a menos de 10 días de una crisis profunda si se mantiene este gravamen para las personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026.
Presión impositiva y riesgo de quiebra empresarial
Según la líder gremial, miles de empresas no podrán pagar este tributo, lo que las llevaría a la quiebra. Esto se debe a que las compañías deben cancelar el 50% del nuevo gravamen el 1 de abril, lo que les deja menos de 10 días para generar liquidez y cumplir con la obligación. Gutiérrez explicó que esta situación obliga a las empresas a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo, generando un impacto directo en la economía nacional.
La presidenta del Consejo Gremial enfatizó que es necesario diferenciar entre una norma que busca un recaudo eficiente y un "intento de asfixiar al tejido productivo". Las nuevas disposiciones del impuesto al patrimonio castigan a las empresas por haber tomado la decisión de invertir, afectando directamente al sector empresarial que genera más de tres millones de empleos formales en Colombia.
Consecuencias inmediatas para las empresas
Gutiérrez detalló tres principales consecuencias de este gravamen:
- Asfixia la caja de las empresas al exigir liquidez en corto plazo, impactando su operación diaria.
- Incrementa el nivel de endeudamiento caro, destinado a pagar responsabilidades a la Dian.
- Actúa como un freno en seco a la inversión que tanto necesita el país.
Además, señaló que al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías. Esto podría llevar a que algunas empresas paguen impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año, una presión imposible de asumir según la líder gremial.
Vulneración de principios constitucionales
La presidenta del Consejo Gremial también afirmó que el decreto vulnera principios de equidad y progresividad constatados en el artículo 363 de la Constitución Política. Imponer una tarifa de 1,6% a sectores financiero y extractivo constituye un castigo a la inversión, que es el componente más débil del PIB. Gutiérrez enfatizó que "la seguridad económica y la confianza inversionista en el país agonizan".
En referencia al contexto fiscal, recordó que en 2025 el déficit primario fue de 3,5% del PIB y para 2026, el Carf estima un faltante de $32,1 billones. Según ella, estos decretos son como poner un parche en un hueco fiscal que el mismo Gobierno ha generado.
Cuestionamiento a la emergencia económica
Gutiérrez se refirió a la emergencia que habilitó al Ejecutivo para expedir los nuevos tributos, advirtiendo que la Constitución solo permite declararla cuando exista una crisis y sea imposible atenderla por las vías ordinarias. En su opinión, en este caso no hay justificación demostrada. "Por el contrario, todo indica que el Gobierno pretende utilizar la 'crisis climática' para cubrir un faltante de $16,3 billones", recalcó.
Sumado a esto, resaltó que la reglamentación de nuevos impuestos genera un panorama más preocupante cuando coincide con el crecimiento del gasto público, que ha venido aumentando constantemente los últimos años sin traducirse en mejores resultados. "Una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas", concluyó la presidenta del Consejo Gremial.
