Consejo Gremial Nacional pide suspensión urgente del impuesto al patrimonio
El Consejo Gremial Nacional ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional la suspensión urgente del impuesto al patrimonio creado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica declarada recientemente. La medida busca evitar lo que califican como un "deterioro económico sin precedentes" para el país.
Argumentos constitucionales y económicos
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, explicó que la Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias. "En este caso, esa justificación no se ha demostrado", afirmó la líder gremial durante su intervención.
Según el Consejo Gremial, el gobierno estaría utilizando la "crisis climática" para cubrir un faltante fiscal de 16,3 billones de pesos, cuando el enfoque debería estar en la reducción del gasto público. "No es válido recurrir a tributos excepcionales sin haber agotado primero medidas de austeridad", señaló Gutiérrez.
Impacto inmediato en las empresas
El primer pago del impuesto al patrimonio está programado para el 1 de abril, lo que deja a las empresas con menos de 10 días para conseguir liquidez y cumplir con el pago del 50 por ciento inicial. Esta presión financiera obliga a las compañías a tomar decisiones difíciles:
- Asumir endeudamiento excesivamente costoso
- Sacrificar inversiones y empleos
- Reducir operaciones diarias
"Miles de empresas terminarán por quebrarse si se mantiene este tributo injusto", advirtió la presidenta del Consejo Gremial, destacando que el impuesto castiga a las empresas por haber invertido en el país y afecta directamente al sector empresarial que genera más de 3 millones de empleos formales.
Consecuencias fiscales y operativas
El gremio detalló que este choque fiscal genera tres impactos inmediatos en las empresas colombianas:
- Asfixia la liquidez al exigir recursos en el corto plazo, afectando la operación diaria
- Incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagos tributarios
- Frena la inversión que tanto necesita el país para su reactivación económica
Gutiérrez explicó que, al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías. "Terminarían algunas pagando impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año. La presión es imposible de asumir", manifestó.
Cuestionamientos a la equidad tributaria
El Consejo Gremial también cuestionó los principios de equidad y progresividad del impuesto, señalando que el gobierno vulnera estos conceptos al imponer una tarifa del 1,6 por ciento —más del triple de la general— a los sectores financiero y extractivo.
"Una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas", concluyó la presidenta del gremio, reiterando la urgencia de la suspensión solicitada ante la Corte Constitucional.
La situación mantiene en vilo al sector empresarial colombiano, que enfrenta una carrera contra el tiempo para evitar lo que califican como consecuencias devastadoras para la economía nacional y el empleo formal.
