Gobierno aprovecha emergencias para imponer impuestos mediante decretos
Parece que al Gobierno Nacional le resultan extremadamente convenientes las situaciones de emergencia, como si las estuviera esperando activamente, incluso llegando a desear su aparición, para así poder hacer uso de las facultades constitucionales extraordinarias que le permiten establecer impuestos mediante decreto presidencial.
La ola invernal como justificación
La nueva ola invernal ha proporcionado la oportunidad perfecta. Frente a la insaciable necesidad de recursos y el gasto descontrolado en burocracia y actividades politiqueras, la realidad muestra que el Ejecutivo busca utilizar estos mecanismos extraordinarios para incrementar la recaudación y continuar con prácticas de derroche.
Ciertamente, la emergencia climática ha provocado daños considerables y ha dejado numerosos damnificados, por lo que nadie debería cuestionar la necesidad de atender esta situación. El punto central no es la atención en sí misma, sino si la declaración de emergencia cumple con los criterios constitucionales establecidos:
- Hechos sobrevinientes y extraordinarios
- Gravedad e inminencia
- Insu ficiencia de las medidas ordinarias
Así como la determinación del monto y la fuente de los recursos necesarios. Respecto a estos criterios, el Gobierno justifica la emergencia por la aparición súbita de un frente frío atípico, que podría considerarse como un evento extraordinario.
Fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos
Sin embargo, desde el año 2011 se estableció un sistema de gestión integral del riesgo y se creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), precisamente con el objetivo de que las facultades extraordinarias representaran la última opción disponible.
Además, el cambio climático y sus efectos constituyen una realidad permanente que continuará generando emergencias periódicas; es decir, estos eventos no necesariamente pueden calificarse como extraordinarios y, por lo tanto, deberían ser atendidos mediante recursos y facultades ordinarias.
Improvisación y falta de fortalecimiento institucional
De esta manera, el Gobierno, teniendo la oportunidad de fortalecer el sistema de atención de desastres, no ha hecho más que improvisar constantemente. No ha fortalecido adecuadamente la Ungrd, no ha destinado recursos suficientes y ha permitido el derroche y la corrupción, a pesar de haber contado con los mayores presupuestos y recaudos fiscales de los últimos años.
De hecho, la Contraloría General de la República ha señalado que solo en enero de 2026 el Gobierno suscribió más de 164.000 contratos por un valor de $14,8 billones, sin contar otros recursos mal utilizados en los últimos tres años con fines politiqueros. Esto indica que recursos existen, incluso provenientes de fuentes ordinarias; simplemente no se utilizan en lo que corresponde.
Impuesto al patrimonio y alternativas disponibles
Por otro lado, el Gobierno pretende recaudar $8 billones para atender la emergencia mediante un impuesto al patrimonio. Hasta la fecha, no existe ningún estudio técnico que establezca que este monto sea adecuado y razonable. Parece una cifra arbitraria, extraída al azar, para reemplazar los impuestos que no fueron aprobados por el Congreso o que no se recaudarían ante la eventual ilegalidad de la última emergencia declarada.
Podrían utilizarse recursos provenientes de reasignaciones presupuestales, recortes de gasto o, incluso, de las regalías no ejecutadas. Lo que no resulta razonable es establecer un impuesto al patrimonio de hasta 1,2% para las empresas más grandes, que son precisamente las que generan el mayor volumen de impuestos y empleo formal, con las consecuencias negativas que ello tendría para el desarrollo económico, el recaudo futuro y la generación de empleo.
Consecuencias para el sector empresarial
El presidente se equivoca al satanizar a las grandes empresas y la acumulación de capital, que son elementos claves para la reinversión y el bienestar general de la población. Además, desafía constantemente la institucionalidad al utilizar las emergencias y las facultades constitucionales extraordinarias para decretar impuestos, cuando estas situaciones podrían, con una adecuada gerencia y planeación, ser atendidas mediante facultades y recursos ordinarios.
