Empresas colombianas en vilo por primera cuota del impuesto al patrimonio
Las empresas en Colombia atraviesan un momento de gran incertidumbre y presión financiera ante la inminente fecha de vencimiento de la primera cuota del nuevo impuesto al patrimonio, establecida para este miércoles primero de abril. Pese a los múltiples cuestionamientos de tributaristas, gremios empresariales y diversos sectores económicos, todo indica que las compañías deberán asumir este pago mientras esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legalidad del decreto que creó este tributo.
Alternativas limitadas y preocupación generalizada
Gerentes y responsables de departamentos financieros exploran diversas alternativas para cumplir con esta obligación tributaria sin comprometer la viabilidad de sus operaciones. Entre las opciones que se manejan se encuentran la venta de activos, el endeudamiento con entidades financieras, declarar sin pagar hasta que la Corte se pronuncie, o solicitar acuerdos de pago con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Un empresario de Barranquilla con treinta años en el mercado reveló que el monto del impuesto al patrimonio representa aproximadamente el 30% de su nómina, que incluye a 120 colaboradores. "Necesitamos espacios operativos amplios, pero eso no significa que tengamos la liquidez para pagar este impuesto de manera inmediata", comentó, señalando que probablemente recurrirá a préstamos para cumplir con la obligación.
Impacto en la inversión y advertencias del sector financiero
María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, expresó su preocupación durante la asamblea del grupo financiero, destacando que aunque se comprende la emergencia por la ola invernal en Córdoba, este impuesto representa "un golpe a la economía y sobre todo a la inversión". Gutiérrez precisó que mientras la mayoría de empresas pagan el 0,5% sobre el patrimonio extraordinario, los sectores minero energético y financiero enfrentan una tasa del 1,6%.
"En la medida en que usted paga más con estas cargas extraordinarias, finalmente deja de invertir", advirtió Gutiérrez, recordando que la inversión en Colombia se encuentra en sus niveles más bajos en seis décadas. Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del Grupo Aval, complementó esta visión señalando que "los impuestos no se pueden distorsionar para necesidades ocasionales que no corresponden al interés general de la Nación".
Análisis crítico desde el sector comercio
Cristian Stapper Buitrago, vicepresidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), realizó un análisis detallado de la situación, utilizando datos del profesor Aswath Damodaran, experto internacional en finanzas. Stapper señaló que el margen neto del comercio para 2026 es de apenas 2,51%, resultado de lo que denomina la "Triple Pinza": altas tasas de interés, elevados costos por la reforma laboral y el aumento desmedido del salario mínimo.
El experto ilustró el impacto con un ejemplo concreto: una empresa con patrimonio de $10.000 millones y utilidad anual de $251 millones terminaría pagando $87,8 millones en impuesto de renta más $150 millones en impuesto al patrimonio, lo que significa que el Estado confiscaría el 94,7% de lo generado. "Lo que estamos presenciando es el canibalismo fiscal del 'Mínimo Vital de Subsistencia Empresarial'", expresó Stapper.
Posiciones gremiales y llamado a la Corte Constitucional
Bruce MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), advirtió a través de su cuenta en X que de no suspenderse este impuesto antes del vencimiento de la primera cuota, se generará "un inmenso perjuicio a la actividad empresarial que ya cuenta con una de las mayores cargas tributarias del mundo". MacMaster recordó que el sector privado no había incluido este impuesto en sus proyecciones financieras anuales y que muchas empresas tendrán que vender activos para cumplir con la exigencia.
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, también cuestionó severamente la medida, calificándola de "antitécnica" y sin "piso legal". Según Gutiérrez, este impuesto "castiga la inversión, pone en riesgo empleos, obliga a las empresas a vender activos, endeudarse, reducir operaciones y, en muchos casos, compromete la viabilidad financiera de las empresas".
La esperanza del sector empresarial ahora recae en la Corte Constitucional, que según información disponible, solo entraría a debatir la legalidad del decreto hacia la tercera o cuarta semana de abril. Mientras tanto, las empresas continúan evaluando sus opciones en un escenario de alta incertidumbre fiscal y preocupación por el futuro de la inversión en el país.
