Falla legislativa desencadena crisis por avalúos catastrales y protestas por el predial
Desde el pasado 9 de abril, Colombia enfrenta una ola de protestas a nivel nacional debido a los incrementos en el impuesto predial. Estas movilizaciones, convocadas por organizaciones campesinas, gremios agropecuarios y veedurías ciudadanas, reflejan un profundo malestar social ante ajustes considerados insostenibles para la economía rural y urbana.
El origen del conflicto: actualización catastral y aumento del predial
El paro nacional se centra en contrarrestar la actualización masiva de avalúos catastrales ordenada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) mediante la implementación del catastro multipropósito. Los manifestantes exigen la derogatoria de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, que estableció incrementos en el impuesto predial, disparando la base gravable en proporciones que, en zonas como el occidente de Boyacá, alcanzan entre el 4.000% y el 9.000%.
El catastro multipropósito no es solo un inventario de predios; es un sistema integral que identifica inmuebles en sus componentes físico, jurídico y económico, sirviendo como insumo para políticas públicas, ordenamiento territorial y fortalecimiento fiscal. Sin embargo, esta transición de un catastro técnico a uno útil para decisiones de desarrollo ha generado impactos significativos a nivel rural.
Salidas propuestas para resolver la crisis
Luis Fernando Calderón, director del programa de contaduría pública de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, señala tres salidas clave que el Gobierno nacional podría adoptar para finalizar las protestas:
- Salida técnica y jurídica: No confundir avalúo con impuesto. El IGAC ha reiterado que el ajuste del avalúo catastral no implica un aumento automático del predial, ya que el valor final depende de las tarifas municipales y topes legales. Para predios rurales, el incremento no puede superar el 50% frente al año anterior, y para viviendas de estratos 1 y 2, aplican límites atados al IPC.
- Salida operativa: Acelerar la revisión individual del avalúo donde haya inconsistencias. La regulación permite solicitar revisión cuando el nuevo avalúo excede el valor comercial o no corresponde a la realidad física del predio, con plazos máximos de tres meses para resolver.
- Salida de política pública: Desacoplar la modernización catastral del choque tributario de corto plazo. Esto implica que los municipios usen tarifas diferenciales, pagos por cuotas y alivios transitorios, mientras el Congreso retoma una ley de transición tributaria más estable.
Proyecto de ley archivado y gradualidad incompleta
En 2024, el IGAC y el MinHacienda presentaron un proyecto de ley que proponía topes al impuesto predial unificado, con aumentos desde el 30% hasta el 200%, dependiendo del avalúo catastral. Aunque obtuvo aprobación en primer debate en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes, no logró su aprobación completa, quedando archivado.
Calderón destaca que la gradualidad implementada ha sido más técnica que fiscal, dejando una brecha regulatoria. "El país hoy tiene una gradualidad incompleta: hay metodología, etapas y topes vigentes, pero no una solución legislativa definitiva que cierre la tensión entre actualización catastral y capacidad de pago", mencionó.
Perspectivas futuras y continuidad del catastro multipropósito
El proceso no se detiene en lo rural; la segunda etapa abarcará predios urbanos, centros poblados y corregimientos. Una vez cumplida esta medida transitoria, el sistema volverá al procedimiento ordinario. "Lo que viene no es el fin del catastro multipropósito, sino una fase en la que el país tendrá que decidir si corrige el choque tributario con nuevas reglas", puntualizó Calderón.
Las protestas continúan mientras el Gobierno busca equilibrar la necesidad de información predial actualizada con la capacidad económica de los contribuyentes, en un contexto de creciente conflictividad social.
