Gobernadores advierten sobre impacto catastrófico de nuevos impuestos al tabaco
En medio de la suspensión provisional de los decretos de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, la Federación Nacional de Departamentos (FND) ha reiterado su firme rechazo al incremento de impuestos sobre el tabaco y productos similares. Los mandatarios regionales alertan que mayores cargas tributarias podrían profundizar dramáticamente el contrabando en Colombia, afectando tanto la legalidad del mercado como las finanzas territoriales.
El estudio que revela una tendencia preocupante
Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, presentó el estudio 'Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia', el cual muestra una correlación directa entre aumento impositivo y crecimiento del mercado ilegal. En 2016, el volumen de cigarrillos ilegales era del 13%, pero tras reformas tributarias que incrementaron los impuestos al sector, esta cifra se disparó al 38% en 2025. "No estamos defendiendo un impuesto, estamos defendiendo la autonomía territorial", explicó Tavera, destacando que más del 50% de los departamentos dependen significativamente de estos recursos.
La discusión se centra en el Decreto 1474, que buscaba elevar el IVA para el tabaco hasta el 19%, medida actualmente suspendida por la Corte Constitucional. Para los gobernadores, el incremento planteado durante la emergencia económica tendría efectos adversos que superarían cualquier beneficio recaudatorio.
Una brecha de precios insostenible
Martín Orozco, gerente de Invamer, proporcionó datos contundentes sobre la disparidad de precios: "En promedio, una cajetilla ilegal vale 4.000 pesos mientras que una legal cuesta 12.000. Cuando un producto legal cuesta tres veces más que su versión ilegal, es evidente hacia dónde se inclinará el consumidor".
El análisis de la Federación proyecta escenarios aún más extremos: con los aumentos propuestos durante la emergencia, una cajetilla de cigarrillos podría haber alcanzado los 22.000 pesos, creando una brecha de más de cinco veces respecto al mercado ilegal. "Si hoy la ilegalidad es un negocio rentable con 12.000 versus 4.000 pesos, imagínenselo con 22.000 versus 4.000", advirtió Tavera.
Contexto constitucional y preocupaciones territoriales
El rechazo de la FND se suma a pronunciamientos previos de varios gobernadores a mediados de enero, quienes señalaron que la emergencia económica estaría funcionando como una reforma tributaria encubierta, pese a que iniciativas similares fueron rechazadas previamente por el Congreso.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto 1390 de diciembre de 2025, que declaró la emergencia económica, congelando así los efectos de las medidas tributarias adoptadas, incluido el impuesto al patrimonio. El alto tribunal analiza actualmente si la situación fiscal e invernal constituye una crisis sobreviniente e imprevisible o si, por el contrario, se trata de un problema estructural de larga data.
Los gobernadores insisten en que el aumento de más del 300% en los impuestos al cigarrillo, como estaba planteado en la emergencia, no solo agravaría el contrabando sino que comprometería seriamente las finanzas departamentales que dependen en gran medida de estos recursos. La Federación Nacional de Departamentos mantiene su posición firme: políticas tributarias desbalanceadas pueden tener efectos contrarios a los buscados, incentivando mercados paralelos y reduciendo la recaudación legal.
