Gremios y centros de pensamiento cuestionan nuevos tributos por emergencia económica
Los nuevos tributos expedidos por el Gobierno Nacional al amparo de la emergencia económica han generado un frente de cuestionamientos por parte de gremios empresariales y centros de pensamiento. Este miércoles 25 de febrero, diversas organizaciones reaccionaron al paquete de decretos que tiene como meta de recaudo aproximadamente COP 8 billones, con críticas concentradas especialmente en el cobro temporal al patrimonio de las empresas por sus posibles efectos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento económico del país.
Detalles del gravamen temporal al patrimonio
La medida aplica específicamente a personas jurídicas con patrimonios por encima de 200.000 UVT, equivalente a unos COP 10.474 millones. La tarifa general establecida es del 0,5 %, con una tasa mayor del 1,6 % para compañías del sector financiero y del renglón minero-energético. Este gravamen deberá pagarse en dos cuotas durante el año 2026, lo que implica ajustes contables y de planeación financiera significativos para las empresas afectadas.
Preocupaciones sobre claridad y destino de recursos
Desde la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), su presidenta María Claudia Lacouture reconoció la necesidad de actuar "con urgencia y con solidaridad" frente a la situación en Córdoba y otros departamentos, pero enfatizó que este esfuerzo debe acompañarse de "austeridad, priorización del gasto y buen uso, con metas, trazabilidad y auditoría". Lacouture advirtió que la imposición de nuevos tributos puede afectar negativamente la actividad empresarial, la dinámica del empleo y la inversión en el país.
"Si no, lo que se busca con nuevos impuestos es marchitar el árbol que da frutos", afirmó la dirigente gremial, quien agregó: "Es como cortar ramas sanas para apagar un incendio. Puede servir un día, pero el árbol queda débil y después deja de dar frutos".
Impacto en la inversión y crecimiento económico
El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana manifestó preocupación sobre el efecto económico de acudir nuevamente a mayores cargas tributarias. En su análisis, advirtió que este tipo de medidas "basadas principalmente en mayor carga tributaria podrían terminar afectando el crecimiento económico y las decisiones de inversión".
Si bien reconoció que en un contexto de cambio climático es previsible un aumento en la frecuencia e intensidad de emergencias ambientales, y que el Estado necesita recursos para atenderlas, preocupa que la respuesta fiscal continúe concentrándose en la creación de nuevos tributos, sin explorar con suficiente fuerza alternativas como reasignaciones presupuestales, el uso de otras fuentes de financiamiento o mecanismos de eficiencia del gasto.
Retos operativos para las empresas
El Observatorio Fiscal también mencionó algunos desafíos operativos específicos que enfrentarán las empresas para cumplir con el impuesto temporal al patrimonio:
- Anticipar cierres de estados financieros
- Realizar conciliaciones patrimoniales
- Calcular la base gravable con exclusiones específicas
- Manejar exclusiones como "el valor neto de acciones en sociedades nacionales" o ciertos activos asociados a proyectos ambientales
Críticas desde ANIF y respuesta presidencial
José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico ANIF, calificó el gravamen temporal al patrimonio como un "impuesto muy nocivo para la inversión, el empleo y el crecimiento", cuestionando además que incluya "tasas, además, discriminatorias entre sectores".
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió los nuevos tributos a través de su perfil en redes sociales, argumentando que buscan "recursos de empresas de acumulación rentística no productiva en el sector financiero y extractivo minero energético, de tal manera que haga el daño menor posible a la producción real". Petro justificó el énfasis sobre el sector financiero señalando que "el sector financiero tiene en los últimos años un crecimiento inusitado de ganancias derivado del alza permanente de la tasa de interés real".
Acumulación de presiones sobre las empresas
María Claudia Lacouture enmarcó la discusión en lo que denominó una acumulación de presiones sobre las compañías: "Esto no es solo la emergencia: se suma salario mínimo, reforma laboral, reforma tributaria y ahora más cargas", sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de claridad sobre el destino final del recaudo.
El Observatorio Fiscal concluyó que atender emergencias ambientales exige responsabilidad fiscal, pero "con una estrategia equilibrada" que combine diversas fuentes de financiamiento, priorización del gasto y evaluación de impactos económicos a mediano y largo plazo.
