Gremios empresariales urgen pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre impuesto al patrimonio
A menos de una semana del vencimiento de la primera cuota del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, AmCham Colombia y la ANDI realizaron un llamado urgente a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre esta medida fiscal. Los gremios argumentan que este nuevo cobro, establecido mediante decretos de emergencia económica por las afectaciones de lluvias en ocho departamentos del país, podría tener efectos negativos significativos en la liquidez empresarial y desincentivar la inversión productiva.
Solicitud formal ante la Corte Constitucional
La presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, solicitó formalmente una decisión judicial antes del 1 de abril, fecha límite para el pago de la primera cuota del tributo. "Respetuosamente, pedimos a la Corte Constitucional una decisión en derecho antes del 1 de abril, cuando vence la primera cuota del impuesto al patrimonio. El país requiere certeza jurídica, realismo institucional y una respuesta oportuna para aproximadamente 15.000 empresas afectadas", manifestó la dirigente gremial.
En declaraciones complementarias, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, alertó sobre los riesgos inmediatos: "La economía colombiana y el sector empresarial enfrentan un riesgo considerable que se materializará a partir de abril, es decir, desde la próxima semana".
Características del nuevo impuesto al patrimonio
El impuesto al patrimonio para empresas fue creado mediante los decretos 173 y 240 de 2026 durante la emergencia económica declarada por las afectaciones climáticas. Este tributo aplica para:
- Personas jurídicas y sociedades cuyo patrimonio líquido al 1° de marzo de 2026 sea igual o superior a 200.000 UVT (aproximadamente COP 10.478,8 millones)
- Establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras en Colombia
La estructura tarifaria establece:
- Tarifa general del 0,5% para la mayoría de contribuyentes
- Tarifa del 1,6% para instituciones financieras, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa, empresas agropecuarias, bolsas de bienes, proveedores de infraestructura del mercado de valores y empresas dedicadas a la extracción de carbón y petróleo crudo
Preocupaciones sobre efectos económicos
Bruce Mac Master cuestionó profundamente el alcance y justificación del impuesto, señalando que "constituye un gravamen directo a la inversión, a la creación de empleo y al crecimiento del aparato productivo colombiano". El dirigente gremial advirtió sobre consecuencias prácticas preocupantes:
- Algunas empresas podrían verse forzadas a vender activos productivos
- Otras podrían requerir endeudamiento adicional para cumplir con el pago
- Posible deterioro de la liquidez empresarial
- Desincentivo a la inversión en nuevos proyectos
Mac Master destacó además la falta de claridad en la relación entre los recursos que se buscan recaudar y la atención específica de la emergencia invernal que originó los decretos. "En varios países este tipo de impuesto ha sido considerado inconveniente", afirmó el presidente de la ANDI, cuestionando la justificación de implementarlo bajo el marco de emergencia sin una conexión evidente entre el recaudo esperado y la solución de la crisis climática.
Solicitud de suspensión temporal
La ANDI presentó formalmente ante la Corte Constitucional una solicitud para suspender temporalmente la aplicación del impuesto mientras se toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad. Según Mac Master, esta medida busca prevenir un "daño irreparable" para numerosas empresas colombianas que enfrentarían dificultades financieras significativas si deben proceder con el pago mientras se resuelve el debate constitucional.
Los gremios empresariales enfatizan que la incertidumbre jurídica generada por este impuesto, sumada a los plazos perentorios para su pago, crea un escenario complejo para el sector productivo colombiano en un momento de recuperación económica.
