Gobierno inicia recaudación masiva del impuesto al patrimonio empresarial
Este miércoles 1 de abril de 2026 marca un hito fiscal en Colombia, cuando el Ministerio de Hacienda inicie la recaudación de los primeros $4 billones correspondientes al impuesto al patrimonio de emergencia. Esta medida afecta directamente a más de 15.000 empresas cuyos patrimonios líquidos igualan o superan los $10.474 millones, en un esfuerzo gubernamental por captar aproximadamente $8 billones en total.
Detalles del calendario de pagos y tarifas diferenciadas
La estrategia de recaudación se divide en dos momentos clave: la primera cuota de $4 billones se recibe este 1 de abril, mientras que el monto restante está programado para el próximo 4 de mayo. Para las sociedades extranjeras con presencia en Colombia, el cronograma establece el 30 de abril como fecha límite para el primer desembolso, según lo dispuesto en el Decreto 240 de 2026.
El esquema tarifario presenta diferencias significativas entre sectores económicos. Las empresas pertenecientes al sector financiero y al minero energético enfrentan una tasa del 1,6%, mientras que el resto de actividades económicas que cumplen con el umbral patrimonial pagan solamente el 0,5%. Esta disparidad ha generado intensos debates dentro de la comunidad empresarial colombiana.
Preocupaciones del sector minero energético y advertencias de inversión
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), ha expresado preocupaciones fundamentales sobre el impacto de esta medida. "Un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, particularmente con una tarifa diferencial de 1,6% para el sector minero energético -más de tres veces la de otros sectores- presiona la caja de las empresas", afirmó Pearl.
El directivo advirtió que este gravamen compite directamente con recursos que tradicionalmente se destinarían a inversión productiva, afectando especialmente las inversiones necesarias para exploración y mantenimiento de producción. "En un contexto donde la exploración, las reservas y la producción vienen cayendo, gravar el patrimonio es esencialmente gravar la capacidad de invertir", explicó.
Pearl enfatizó las consecuencias a largo plazo: "Un régimen fiscal que castiga la inversión castiga el crecimiento económico y el bienestar futuro de los colombianos. La estabilidad jurídica y la previsibilidad en las reglas de juego son determinantes para sectores de largo plazo como el de hidrocarburos".
Incertidumbre constitucional y posibles escenarios legales
Mientras las empresas preparan sus pagos, la Corte Constitucional mantiene bajo estudio la declaratoria de emergencia económica que sustenta estos decretos. Julián Jiménez Mejía, socio de Esguerra JHR, analizó los posibles escenarios jurídicos que podrían desarrollarse.
Si la Corte declara la inexequibilidad de los decretos legislativos, la sentencia podría incluir mecanismos de devolución o recuperación del tributo pagado. "En esa eventualidad, los contribuyentes que declararon pero no pagaron quedarían libres de la obligación, sin que se les pueda cobrar el impuesto ni los intereses desde el vencimiento", explicó Jiménez.
Si la Corte valida el decreto o no modula efectos temporales, los contribuyentes morosos enfrentarían consecuencias financieras significativas. "En ese escenario, no pagar deja de ser una opción neutral y pasa a tener un costo financiero claro. Los contribuyentes deberán pagar el impuesto junto con intereses de mora calculados desde la fecha límite de cada cuota", detalló el experto.
Jiménez recomendó que cada empresa evalúe cuidadosamente el riesgo financiero frente a la posibilidad de que la Corte eventualmente declare inconstitucionales los decretos, considerando que "ello dependerá enteramente del sentido y del alcance de la decisión que adopte en el respectivo proceso de control de constitucionalidad".
Reflexiones finales sobre estabilidad jurídica e inversión
Frank Pearl concluyó con una advertencia sobre el mensaje que esta medida envía a los inversionistas nacionales e internacionales: "Cambios tributarios transitorios o sujetos a revisión constitucional generan incertidumbre y afectan decisiones de inversión clave. Lo más relevante es preservar la confianza en la estabilidad del marco normativo colombiano".
El directivo sugirió que, en caso de determinarse inconstitucionalidad, "lo procedente sería revisar los mecanismos para restablecer los derechos de los contribuyentes, evaluando la devolución de recursos o su compensación en futuras obligaciones tributarias", siempre conforme a lo que defina la decisión judicial final.
Este miércoles no solo marca el inicio de una recaudación histórica, sino que representa un punto de inflexión en el debate sobre política fiscal, inversión privada y seguridad jurídica en Colombia, con implicaciones que trascenderán el ámbito económico inmediato.
