Alerta máxima: Colombia enfrenta deterioro económico sin precedentes por impuesto al patrimonio
La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, ha lanzado una alerta urgente sobre el inminente vencimiento del primer plazo de pago del impuesto al patrimonio establecido mediante el Decreto Legislativo 173 de 2026.
La cuenta regresiva: menos de 10 días para evitar el colapso
Con el plazo límite fijado para el próximo 1 de abril, Gutiérrez advierte que este tributo, creado bajo la figura de emergencia económica por el Gobierno de Gustavo Petro, podría desencadenar "un deterioro económico sin precedentes para el país" si la Corte Constitucional no interviene de manera inmediata.
"Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse", declaró la dirigente gremial a través de sus redes sociales, donde explicó que este impuesto afecta directamente a compañías que generan más de tres millones de empleos formales en Colombia.
Los tres factores de riesgo para el tejido productivo
La presidenta de Acolgen detalló los graves impactos que tendría la implementación de este decreto:
- Empresas con pérdidas pagarían impuestos: Al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, compañías que registraron pérdidas económicas durante el último año igualmente deberían pagar el tributo.
- Exigencia de liquidez inmediata: El primer pago equivale al 50% del impuesto total, obligando a las empresas a endeudarse a costos elevados para cumplir con la DIAN.
- Frenazo a la inversión privada: La combinación de estos factores desincentiva la inversión y afecta la operación diaria de las compañías.
La vulneración constitucional y las tasas discriminatorias
Gutiérrez solicita una revisión urgente del decreto para evitar lo que considera una vulneración de los principios de equidad y progresividad establecidos en el artículo 363 de la Constitución Política. Además, denuncia que el impuesto establece una tarifa del 1,6% para los sectores financiero y extractivo, "más del triple de la tasa general".
"La Constitución sólo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias", argumentó la dirigente, cuestionando que el Gobierno no ha justificado adecuadamente esta medida excepcional.
La verdadera crisis: gasto público desbordado
Según el análisis presentado por Acolgen, el Gobierno pretende utilizar la "crisis climática" como justificación para cubrir un faltante de $16,3 billones, cuando el problema real sería el crecimiento desmedido del gasto público, que actualmente supera en 2,6 puntos del PIB los niveles prepandemia.
El Decreto 173 de 2026 fue adoptado para enfrentar un déficit de $32,1 billones que afecta al Gobierno Nacional, pero el sector empresarial insiste en que crear nuevos tributos por vías excepcionales mientras el gasto continúa expandiéndose "no es una política fiscal responsable".
La presidenta del Consejo Gremial Nacional ha pedido celeridad al Alto Tribunal para suspender las medidas contenidas en el decreto y así evitar "perjuicios irremediables" para la economía colombiana, en una carrera contra el tiempo que se define en los próximos diez días.
