El Impuesto al Patrimonio: Un Debate sobre Legitimidad Fiscal en Colombia
Mientras la discusión jurídica continúa abierta y aumentan las dudas sobre la constitucionalidad del impuesto al patrimonio, las grandes empresas colombianas ya están realizando cálculos para pagar la primera cuota que vence este 1 de abril. No lo hacen por tener certeza jurídica, sino porque no pueden permitirse el lujo de no cumplir con esta obligación.
Las compañías procederán con los pagos para evitar sanciones, intereses moratorios o posibles embargos. Este simple hecho revela mucho sobre el momento actual que vive Colombia. Gobernar no se limita a ejercer autoridad; implica lograr que los ciudadanos comprendan y respalden las decisiones estatales. Se trata de poseer legitimidad.
Hoy, más que un problema de liquidez, Colombia enfrenta una crisis de legitimidad fiscal que cuestiona los fundamentos mismos de la confianza en las instituciones.
El Contexto Presupuestal: Un Déficit Creciente
El Presupuesto General de la Nación para 2026 comenzó con un faltante de $13,6 billones. A esta cifra se suma el impacto del aumento del 23% en el salario mínimo, que según diversos analistas podría costarle al Estado entre $3,8 y $6,5 billones adicionales. De confirmarse estas estimaciones, el déficit podría alcanzar aproximadamente $20 billones.
En condiciones normales, con este nivel de desfinanciamiento y una deuda cercana al 60% del Producto Interno Bruto, la respuesta sería clara: austeridad, eficiencia y disciplina fiscal. Sin embargo, la realidad muestra un panorama diferente. El gasto público continúa incrementándose, especialmente en servicios personales y contratistas, lo que se traduce en una mayor burocracia.
La Respuesta Gubernamental: Decretos de Emergencia
Ante esta situación, el Gobierno optó por una ruta alternativa: buscar ingresos extraordinarios mediante decretos. Primero, dictó una emergencia económica que actualmente se encuentra bajo revisión por parte de la Corte Constitucional. Posteriormente, declaró una emergencia ecológica con el objetivo de recaudar $8 billones a través del impuesto al patrimonio.
Además, se implementaron una serie de medidas complementarias que incluyen:
- Mayores cargas impositivas para el sector energético
- Intentos de trasladar recursos desde los fondos de pensiones
- Advertencias sobre posibles intervenciones adicionales al sistema financiero
El mensaje subyacente es evidente: existe una urgencia inmediata de liquidez que requiere acciones extraordinarias.
La Cuestión de la Legitimidad Fiscal
Recaudar impuestos no es simplemente una facultad legal del Estado; constituye, ante todo, una prueba de legitimidad. El Estado necesita que los ciudadanos perciban el cobro como justo, estable y administrado con responsabilidad. Esta confianza se erosiona cuando:
- Las reglas cambian mediante decretos, sin el debido debate parlamentario
- Los cobros se perciben como dirigidos hacia sectores específicos
- El gasto público muestra signos de despilfarro o mala administración
Por esta razón, las demandas judiciales contra estos decretos se han multiplicado. Este fenómeno no representa únicamente un debate jurídico; es una señal clara de desconfianza ciudadana. Se percibe improvisación, un uso excesivo de la figura de emergencia y una preocupante falta de transparencia en la adopción de estas decisiones excepcionales.
Preguntas Críticas sin Respuesta
Surgen interrogantes inevitables que requieren claridad:
- ¿Superarán estos decretos el control constitucional ejercido por la Corte?
- ¿El recaudo realmente atenderá las emergencias por inundaciones o terminará cubriendo el hueco fiscal?
- ¿Serán $8 billones la cifra final, o se acercará a los $14 billones estimados por diversos centros de pensamiento?
- ¿El calendario de pagos responde a la urgencia de la emergencia declarada o a necesidades de liquidez en vísperas de procesos electorales?
Las respuestas a estas preguntas no son meramente técnicas; son profundamente políticas. Porque el debate de fondo no gira en torno a si el Estado puede cobrar impuestos (claramente puede), sino si posee la legitimidad necesaria para hacerlo de esta manera específica.
Construcción de Confianza Fiscal
En materia fiscal, la legitimidad se construye mediante reglas claras, estabilidad normativa y coherencia entre lo que se recauda y cómo se gasta. Sin estos elementos fundamentales, el recaudo puede imponerse en el corto plazo, pero no se sostendrá en el tiempo.
Por ello, aunque el decreto del impuesto al patrimonio enfrenta demandas ante la Corte Constitucional, las grandes empresas se preparan para pagar la primera cuota. No lo hacen por convicción, sino para evitar sanciones, mientras esperan que la Corte se pronuncie antes del segundo vencimiento y posiblemente evite el pago de la segunda cuota.
Aquí yace el verdadero problema: un Estado que puede imponer medidas, que puede vencer mediante la coerción, pero que no necesariamente logra convencer a través de la legitimidad. La autoridad puede decretarse, pero la legitimidad debe ganarse mediante transparencia, diálogo y coherencia en la gestión pública.
