La polémica emergencia económica y el impuesto al patrimonio
El Gobierno Nacional enfrenta una de las peores crisis de liquidez en la historia reciente, careciendo de los recursos necesarios para cumplir con las obras prometidas hace más de tres años. Sin embargo, ha impulsado un crecimiento institucional sin precedentes, evidenciado en la proliferación de contratos para contratistas afines a la administración y miles de funcionarios por contrato que ahora integran el Estado.
Expansión burocrática y falta de prevención
Docenas de entidades han surgido sin una productividad clara ni competencias definidas, mientras que los subsidios y ayudas para potenciales electores han aumentado de manera desmesurada. En este contexto, emerge un frente frío que explica las intensas lluvias de comienzo de año, las cuales podrían extenderse hasta bien entrado el mes de abril.
La falta de prevención y la poca voluntad para evitar desastres han generado graves problemas en casi todos los departamentos, especialmente en Córdoba y Antioquia, regiones que sufren las inclemencias de las precipitaciones y el desborde de ríos. El número de desplazados por las lluvias aumenta constantemente, y los daños en la infraestructura se vuelven cada vez más significativos.
La emergencia económica y su financiación cuestionable
Para atender estos desastres que ninguna entidad previó adecuadamente, el Gobierno ha declarado una emergencia económica con el objetivo de recaudar varios billones de pesos y asistir a los afectados. Sin embargo, queda en el recuerdo el hecho de corrupción más grotesco de esta administración, el cual reside en la Unidad de Gestión y Prevención de Desastres.
Esta oficina burocrática cuenta con más recursos que muchos ministerios y esquemas de contratación laxos que facilitan la asignación de contratos a dedo, sin competencia real. Técnicamente, es muy extraño que se hable de emergencia económica para atender una situación invernal previsible y de fácil atención, si los recursos de la entidad responsable no se hubieran dilapidado previamente.
El impuesto al patrimonio: una carga adicional
Resulta aún más extraña la argumentación de esta emergencia para imponer un impuesto a la riqueza sobre el patrimonio de las empresas con un patrimonio líquido superior a los $10.474 millones. Esta carga tributaria desincentiva al sector productivo debido a la enorme presión impositiva que representa y pone en aprietos la inversión nacional.
Lo más preocupante es el escenario altamente probable de que dicho impuesto al patrimonio se mantenga en el tiempo, tal como sucedió con impuestos temporales que terminaron siendo permanentes. El Gobierno ha declarado que el 56% de los recursos recaudados por este impuesto adicional provendrá de dos sectores con tarifa especial, mientras que el resto corresponderá a otros sectores productivos.
Doble tributación en sectores clave
Se trata de la banca y la minería, dos sectores que ya cuentan con una alta carga tributaria y que claramente serán gravados con una suerte de doble tributación. Los sectores financiero y minero, enfocados en la extracción de carbón y petróleo, tendrán una tarifa diferencial del 1,6%.
Más de la mitad, el 56% de los recursos obtenidos, se derivan de estos dos sectores, mientras que el 44% corresponde al resto de los sectores productivos. Es curioso que en cada emergencia económica, que actúa como una llanta de repuesto para las reformas tributarias, nunca se hable de ejecutar con eficiencia, administrar adecuadamente y, menos aún, de promover el ahorro estatal.
El contexto económico y la necesidad de ahorro
La economía colombiana crece muy por debajo de su potencial, a solo un 2,6%, lo que no justifica la imposición de mayores impuestos. Por tanto, el dinero que se necesita debería provenir del ahorro estatal, especialmente cuando la corrupción en entidades como la Ungrd ha desviado gran parte del dinero tributado.
A poco menos de seis meses, la actual administración ha demostrado ser precaria en la ejecución de políticas efectivas. El impuesto al patrimonio puede venderse como el santo grial de los tributos, pero la realidad es que esconde una doble tributación y anima la creciente estampida de capitales, afectando la confianza de los inversionistas y el desarrollo económico del país.
