Gobierno Petro propone impuesto al patrimonio empresarial para enfrentar emergencia invernal
El anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la implementación de un impuesto al patrimonio dirigido a las grandes empresas colombianas ha generado un fuerte rechazo en el sector empresarial. La medida busca recaudar aproximadamente 8 billones de pesos para atender los efectos devastadores de las intensas lluvias e inundaciones que afectan a varios departamentos, especialmente Córdoba.
Detalles del impuesto y críticas empresariales
Según la propuesta gubernamental, alrededor de 15.000 empresas estarían sujetas a este nuevo tributo. Las compañías con patrimonios líquidos de 10.000 millones de pesos pagarían una tarifa del 0,6%, mientras que aquellas con 30.000 millones de pesos o más enfrentarían una tasa del 1,2%. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), calificó la medida como "un impuesto a la inversión" que se suma a otras cargas tributarias y regulatorias que afectan al sector productivo.
"Atacar a las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo y oportunidades", afirmó Mac Master, destacando la preocupación por el impacto en la generación de empleo formal en el país.
Cuestionamientos sobre la efectividad y oportunidad
Expertos económicos han señalado que este impuesto no proporcionaría recursos inmediatos para la emergencia climática. Lisandro Junco, exdirector de la Dian, explicó que al tratarse de un tributo directo, su recaudo efectivo ocurriría recién en 2027, cuando las empresas presenten sus declaraciones correspondientes al año fiscal 2026.
José Ignacio López, presidente del centro de estudios Anif, cuestionó la estrategia: "¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio de las empresas?".
Impacto histórico y preocupaciones por doble tributación
Investigaciones del Banco de la República sobre una medida similar implementada en 2010 revelaron efectos negativos significativos. Según el informe publicado en junio de 2025, el impuesto al patrimonio afectó la estructura de capital de las empresas, reduciendo su acceso al crédito bancario y aumentando las tasas de interés de los préstamos.
Además, surge la preocupación por una posible doble tributación, ya que el patrimonio empresarial corresponde en última instancia a los socios de las compañías. Actualmente, las empresas colombianas enfrentan una tasa de renta del 35%, considerada la más alta de la región según un informe de PwC, a lo que se suman los impuestos sobre dividendos que pueden alcanzar el 39%.
Perspectivas académicas y alternativas
Luis Fernando Calderón, director de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, coincidió en que los recursos no estarían disponibles de forma inmediata. "Incluso si el impuesto se aprueba en el primer trimestre de 2026, el grueso del recaudo no se materializaría hasta que las compañías presenten su declaración en 2027", manifestó.
El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA advirtió que gravar la riqueza y la inversión productiva continuaría espantando la inversión extranjera y nacional. "¿Acaso no se dan cuenta que la relación inversión a PIB es hoy la peor en más de dos décadas?", cuestionó, señalando la fuga de capitales del país como una consecuencia preocupante de políticas fiscales desincentivadoras.
La discusión sobre este impuesto al patrimonio empresarial se enmarca en un contexto donde Colombia ya carga con la tasa corporativa más alta de América Latina y la OCDE, generando debates sobre la sostenibilidad del modelo tributario y su impacto en la competitividad económica nacional.
