Gobierno implementa impuesto al patrimonio empresarial en medio de emergencia económica
En el marco de la Emergencia Económica, Ecológica y Social declarada por el Gobierno Nacional, se ha expedido el Decreto 0173 de 2026 que establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con el objetivo fundamental de incrementar el recaudo fiscal del país. Este documento inicial fue posteriormente modificado el 12 de marzo de 2026 mediante el Decreto 0240 de 2026, ajustando algunos de sus parámetros fundamentales.
Características y alcance del nuevo gravamen
El impuesto aplicará específicamente a sociedades que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a $10.475 millones. La estructura tarifaria contempla dos modalidades principales:
- Tarifa general del 0,5% para la mayoría de sectores empresariales
- Tarifa diferencial del 1,6% aplicable específicamente a los sectores financiero y extractivo
Además, el decreto establece exclusiones importantes para ciertos tipos de empresas. Quedarán exentas de este gravamen las empresas del sector salud y las empresas de servicios públicos domiciliarios que operen en zonas especialmente afectadas por la emergencia.
Contexto internacional y experiencias comparadas
Este tipo de medidas fiscales son poco comunes a nivel mundial. Actualmente, solo cinco países mantienen alguna modalidad de impuesto al patrimonio empresarial:
- Suiza
- Venezuela
- Argentina
- Luxemburgo
- Noruega
En todos estos casos, las tarifas aplicadas son relativamente bajas -generalmente inferiores al 1%- y tienen un alcance específico y limitado. Esta realidad internacional evidencia que se trata de un instrumento fiscal poco extendido y que suele implementarse con carácter transitorio más que permanente.
Implicaciones económicas y efectos sobre la inversión
La implementación de un impuesto de esta naturaleza tiene consecuencias económicas profundas. Al gravar directamente el nivel de capital acumulado, se encarece significativamente la acumulación de activos productivos, lo que inevitablemente desincentiva la expansión empresarial y la reinversión de utilidades.
En el contexto actual de relocalización de capitales y creciente competencia internacional por atraer inversiones, este gravamen envía una señal negativa a los inversionistas extranjeros, quienes podrían reducir su apetito por invertir en Colombia ante un marco tributario menos conveniente y competitivo.
Estimaciones de recaudo según análisis de Anif
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha realizado estimaciones detalladas sobre el potencial recaudo de este nuevo impuesto, utilizando información empresarial a nivel de firma proveniente de la plataforma Emis. La metodología incluyó:
- Clasificación de empresas entre aquellas sujetas a la tarifa diferencial del 1,6% y el resto de sectores con tarifa general
- Exclusión de subsidiarias en grupos empresariales para evitar doble conteo
- Proyección del patrimonio al primer trimestre de 2026 basada en crecimiento promedio reciente
Bajo estos supuestos metodológicos, el recaudo potencial estimado asciende a $6,3 billones, con la siguiente distribución:
- $4,1 billones (65%) provendrían de los sectores sujetos a la tarifa diferencial del 1,6%
- $2,2 billones (35%) corresponderían a aquellos gravados con la tarifa general del 0,5%
Impacto en la competitividad y perspectivas de crecimiento
Si bien el impuesto al patrimonio puede representar una fuente importante de recaudo en el corto plazo, sus implicaciones económicas de mediano y largo plazo no son menores. Colombia atraviesa actualmente una crisis de inversión significativa, evidenciada por la dramática reducción de la formación bruta de capital fijo:
- En 2015 representaba aproximadamente el 24% del PIB
- Para 2025 había descendido a tan solo 16% del PIB
Medidas fiscales como esta deterioran la competitividad del país en la atracción de capital nacional y extranjero. En lugar de gravar la acumulación de activos productivos, los expertos sugieren que se debe avanzar en el diseño de incentivos específicos que promuevan la creación y expansión de activos productivos, impulsando así el crecimiento económico sostenible en el largo plazo.
