Colombia enfrenta crisis fiscal: emergencia económica y polémico impuesto al patrimonio
El Gobierno de Colombia se encuentra en una encrucijada financiera que podría llevar a la declaratoria de una emergencia económica nacional. La situación surge por la evidente falta de recursos para atender emergencias de diversa índole, una condición que analistas atribuyen directamente a fallas en la gestión pública. Como posible solución, se contempla establecer un impuesto al patrimonio dirigido a las sociedades comerciales, una idea que, aunque seductora en apariencia, genera profundas controversias entre expertos económicos.
El contexto global: límites a la autonomía fiscal
Los países, como entidades con cierta autonomía para movilizar recursos fiscales, enfrentan hoy límites significativos en su capacidad de acción. Desde hace aproximadamente medio siglo, impera el libre flujo de capitales internacionales, creando una competencia global por la inversión extranjera. Esta inversión aporta elementos cruciales:
- Conocimiento tecnológico y administrativo
- Capacidad de gestión empresarial avanzada
- Capital financiero para establecer nuevas inversiones productivas
Para evitar que esta pugna por el capital deje a los Estados sin los recursos fiscales necesarios, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueve como buena práctica que el capital internacional pague al menos impuestos del 15% sobre la renta en todos los países donde opere. Este marco internacional condiciona cualquier decisión fiscal unilateral.
La complejidad del impuesto al patrimonio
Los patrimonios empresariales son el resultado de acumular ahorros y canalizarlos hacia diversos usos productivos. Estos ahorros provienen de rentas que ya estuvieron sujetas a impuestos durante su proceso de generación. A su vez, estos ahorros generarán nuevas rentas futuras, que pagarán impuestos conforme se vayan causando, con evaluaciones anuales de ejecución.
Un aspecto técnico fundamental: el valor financiero de los activos no depende primordialmente de su costo histórico, sino de los ingresos futuros que se espera que generen. Esta característica hace extremadamente difícil tasar los patrimonios de manera precisa y equitativa, entendidos estos como la diferencia entre activos y pasivos.
Los principios éticos de las políticas públicas
Las políticas fiscales deben buscar el beneficio general de la sociedad mediante el aporte equilibrado de todos los actores económicos, haciendo uso eficiente de recursos que son, por naturaleza, escasos. Dos valores fundamentales sustentan este enfoque:
- Respeto: esencial bajo las reglas de la democracia liberal y el Estado de derecho.
- Solidaridad: necesaria para ofrecer seguridad, salubridad y capacitación a toda la comunidad, reconociendo que los seres humanos dependemos unos de otros.
El Estado falla en su misión cuando permite la corrupción mediante la apropiación privada de recursos públicos, o cuando genera desperdicio por mala especificación de objetivos, estrategias, procesos o estructuras organizacionales.
La desigualdad y las soluciones efectivas
Investigadores como Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman han demostrado que la desigualdad económica se redujo desde los comienzos de la revolución industrial hasta hace aproximadamente cincuenta años, cuando este proceso se detuvo. Actualmente, la tendencia global es hacia el aumento de las disparidades.
Sin embargo, estos mismos expertos señalan que el impuesto al patrimonio no es la solución más efectiva para combatir esta desigualdad. Resulta más equitativo y eficiente mejorar la gestión pública y mitigar las diferencias mediante servicios públicos de calidad, con buen diseño de procesos y estructuras institucionales adecuadas.
Hacia un sistema fiscal acertado
Un sistema fiscal ideal debe caracterizarse por:
- Sencillez administrativa, sin preferencias o discriminaciones injustificadas.
- Tasa marginal creciente para las personas naturales, según su capacidad contributiva.
- Tasa uniforme para las instituciones cuyas actividades generen renta.
- Tasa uniforme sobre el valor agregado en las transacciones comerciales.
La otra cara de la moneda fiscal es la necesidad de revisar los gastos públicos de manera ordenada y sistemática, un proceso que enfrenta reticencias en todos los contextos políticos y administrativos.
El mundo sería considerablemente mejor si los gobiernos comprendieran plenamente las tareas esenciales a su cargo y las ejecutaran con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo. La planificación formal anual, con evaluación de inversiones en un horizonte mínimo de diez años, debe realizarse con mesura pero también con consideración de los cambios globales: tanto las instituciones públicas como las privadas deben cultivar la flexibilidad necesaria para adaptarse a un entorno en constante transformación.
