Impuesto al patrimonio empresarial: un freno a la competitividad y crecimiento de Colombia
Los impuestos representan la herramienta fundamental mediante la cual las naciones financian sus presupuestos estatales y redistribuyen la riqueza entre la población. Paralelamente, resulta evidente que el objetivo primordial de las empresas consiste en generar utilidades para sus propietarios. En este escenario, se debe equilibrar cuidadosamente la necesidad del Estado de obtener recursos fiscales frente al interés legítimo de las empresas de producir ganancias y obtener retornos sobre sus inversiones.
Competitividad y movilidad de capital en un mundo globalizado
En un contexto globalizado donde los flujos de capital son altamente móviles y las fronteras económicas cada vez más permeables, la inversión se concentra en la búsqueda de máxima rentabilidad, analizando especialmente tres factores críticos: la tasa efectiva de tributación, la seguridad jurídica y el riesgo país. Con base en estos elementos, los inversionistas deciden destinar sus recursos a economías específicas.
El concepto de competitividad, aunque compuesto por múltiples dimensiones, se ha convertido en el parámetro fundamental para evaluar los mercados. Actualmente, Colombia ocupa la posición 57 entre 67 países en esta materia, según el Índice Mundial de Competitividad, revelando importantes desafíos estructurales.
Preocupantes indicadores de inversión nacional
La inversión, entendida como formación bruta de capital fijo, constituye el motor principal para un crecimiento económico sostenible. En este aspecto, resulta alarmante que para 2025 esta se proyecte en apenas 16% del Producto Interno Bruto, representando el nivel más bajo registrado en todo el siglo XXI y situándose muy por debajo del promedio histórico del 20%.
Igualmente preocupante es la evolución de la inversión extranjera directa, que disminuyó desde US$17.180 millones en 2022 hasta solo US$11.469 millones en 2025, marcando una contracción superior al 33%. Los datos preliminares de enero del presente año indican que esta tendencia negativa se está intensificando.
Impacto negativo del impuesto al patrimonio empresarial
La imposición de un impuesto al patrimonio sobre personas jurídicas -medida que prácticamente ningún país desarrollado implementa, y que muy pocos aplican incluso a personas naturales- resulta profundamente perjudicial para la economía y competitividad colombianas por múltiples razones.
Técnicamente, este debería ser un impuesto de período que evalúe el patrimonio durante un año fiscal completo. Sin embargo, el Gobierno rompió este principio constitucional al determinar que se calcularía sobre el patrimonio existente al 1º de marzo del presente año, vulnerando así los principios de certeza tributaria y capacidad contributiva, afectando gravemente la planeación empresarial.
Consecuencias prácticas para las empresas
Este impuesto desconoce la realidad financiera y de flujo de caja de las empresas, dado que la existencia de patrimonio no garantiza la generación de rentas. El patrimonio bruto no equivale a riqueza líquida, ya que incluye propiedad, planta y equipo que no generan disponibilidad inmediata de efectivo.
En consecuencia:
- Las empresas con bajos márgenes de utilidad se verán particularmente afectadas
- Muchas se verán forzadas a endeudarse adicionalmente
- Se producirán reducciones de personal y postergación de inversiones
- Algunas empresas optarán por desinvertir o cerrar operaciones
- Para empresas que generan pérdidas, este impuesto se convierte en confiscatorio
Sectores estratégicos en riesgo
La medida genera especial preocupación en sectores clave como el financiero y extractivo, que ya enfrentan tasas efectivas de tributación entre las más altas del mundo, a las cuales constantemente se añaden cargas adicionales. Existe el riesgo real de que estos sectores deban absorber las medidas tributarias de las dos emergencias económicas decretadas por el Gobierno, situación que podría llevarlos al colapso.
Continuar atacando al sector extractivo afecta directamente el crecimiento económico, la seguridad energética -actualmente en alto riesgo- y los ingresos fiscales futuros del Estado.
Conclusión: falsos conceptos y reales consecuencias
El impuesto al patrimonio a personas jurídicas parte de un concepto erróneo según el cual las empresas son "ricas", ignorando que este atributo corresponde a las personas naturales. Lo único que este gravamen realmente afecta es la capacidad de generar empleo e inversión, creando además una inmensa incertidumbre en el manejo fiscal que, sin duda alguna, perjudicará el crecimiento del país en el mediano y largo plazo.
La combinación de baja competitividad internacional, caída dramática de la inversión y medidas tributarias contraproducentes configura un escenario preocupante para el desarrollo económico colombiano, requiriendo urgentemente políticas que fomenten la inversión en lugar de desincentivarla.
