Gobierno implementará impuesto al patrimonio para empresas tras emergencia en Córdoba
El Gobierno nacional anunció la implementación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas como medida excepcional para atender la crisis generada por las graves inundaciones en la zona rural del sur del departamento de Córdoba. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó esta decisión durante un consejo de ministros realizado en Montería, donde se declaró una nueva emergencia económica.
Detalles del nuevo tributo empresarial
La medida fiscal establece que el impuesto se aplicará a patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes aproximadamente a $10.400 millones. La tarifa marginal inicial será del 0,6% para patrimonios entre 200.000 y 600.000 UVT (hasta aproximadamente $31.424 millones). Para patrimonios que superen este último umbral, la tarifa aumentará al 1,2%.
Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, este nuevo tributo afectaría a cerca de 15.000 empresas en todo el país y permitiría un recaudo estimado de $8 billones. Sería la cuarta emergencia económica declarada durante el actual Gobierno.
Contexto de la emergencia y justificación gubernamental
El ministro Ávila explicó que "esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas". Los miembros del gabinete calificaron la medida como "excepcional", argumentando que resulta "sobreviniente frente a la realidad del país" y demanda "la adopción de este tipo de medidas extraordinarias".
Ávila atribuyó parte de la crisis fiscal actual a dos factores específicos: la decisión del gobierno anterior de no incrementar el precio de la gasolina, lo que generó una deuda sustancial en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), y la deuda contraída durante la pandemia.
Críticas y cuestionamientos a la medida
César Cermeño, socio de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, cuestionó el enfoque del Gobierno, señalando que "la tributación de excepción no puede ser la vía para reemplazar una discusión seria que debería anteceder a cada modificación del sistema fiscal". El experto añadió que "las cifras dadas por el ministro parecieran repetir los vicios de la improvisación, que han sido castigados en otros escenarios por la ausencia de estudios serios, debate público y consideración de los verdaderos impactos económicos".
Antecedentes legislativos y situación actual
El ministro de Hacienda también responsabilizó al Congreso de la República por la actual presión fiscal, argumentando que la aprobación de un presupuesto de $546 billones para este año estaba asociada directamente a una ley de financiamiento que debía generar ingresos tributarios por cerca de $16 billones. Sin embargo, según Ávila, "el Congreso, en una medida irracional que no permitió siquiera un debate razonable, decidió hundir la ley de financiamiento".
Esta situación se agrava tras la decisión provisional de la Corte Constitucional de tumbar el decreto de emergencia económica expedido en diciembre, mientras se adelanta el estudio de fondo para verificar si cumplía con los requisitos normativos. Ante este escenario, el Gobierno había anunciado previamente que tendría que hacer un recorte presupuestal de $16 billones, días antes de la tragedia que azotó a Córdoba.
La implementación de este impuesto al patrimonio para empresas representa una medida controvertida que busca generar recursos para enfrentar tanto la emergencia en Córdoba como la compleja situación fiscal del país, aunque ha generado críticas por su carácter excepcional y la falta de un debate legislativo previo más amplio.
