Impuestos de emergencia económica generan incertidumbre legal y afectan confianza empresarial en Colombia
El anuncio de nuevos impuestos y cambios tributarios en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional ha desatado un intenso debate entre expertos fiscales, académicos y exfuncionarios. Las medidas, aunque destinadas a financiar la atención de la crisis climática, generan incertidumbres económicas y legales significativas que podrían afectar la actividad empresarial, la seguridad jurídica y el crecimiento económico del país.
Los decretos que generan controversia
El centro de la discusión gira alrededor de los decretos 0173 y 0177 de 2026, que crearon un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas y sociedades, e impusieron un tributo especial del 2% a las generadoras de energía. El objetivo declarado es obtener recursos inmediatos para enfrentar los efectos de las lluvias, por un monto estimado de $8,3 billones.
Mauricio Salazar, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que este tipo de medidas basadas en mayor carga tributaria "podrían terminar afectando el crecimiento económico y las decisiones de inversión", especialmente en un contexto de expansión económica moderada.
Para este experto, aunque el aumento de emergencias climáticas hace previsible la necesidad de recursos públicos adicionales, preocupa que la respuesta fiscal continúe concentrándose en nuevos tributos sin explorar otras alternativas. "La sostenibilidad fiscal no solo depende del recaudo inmediato, sino de preservar las condiciones para el crecimiento, la inversión y la generación de empleo", afirmó.
Diseño jurídico cuestionado
El decreto establece un gravamen al patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, con tarifas de 0,5% para la mayoría de sectores y de 1,6% para entidades financieras y actividades extractivas. Esto implica ajustes contables y financieros significativos para las compañías, especialmente considerando que el impuesto debe pagarse en dos cuotas durante 2026, obligando a las empresas a reorganizar su planeación financiera en plazos especialmente cortos.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, señaló que el principal problema radica en el diseño jurídico del tributo. A su juicio, se trata de "un impuesto muy extraño" porque combina una causación instantánea con características propias de un impuesto de período, lo que vulneraría principios constitucionales relacionados con la previsibilidad tributaria.
"La medida rompe la planeación financiera empresarial y podría generar endeudamiento o incluso evasión ante la falta de liquidez", explicó Junco, quien destacó que el tributo exige tomar "una foto" de los estados financieros al primero de marzo de 2026 para determinar quién debe pagar, pese a que las empresas no contaban con previsión previa.
Impacto macroeconómico preocupante
Desde una perspectiva macroeconómica, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo consideró que la medida resulta "tremendamente inconveniente" en un momento en el que la economía necesita estimular la inversión y el empleo.
"Colombia enfrenta una dinámica productiva débil, con inversión extranjera descendente y resultados laborales poco favorables, por lo que el regreso del impuesto al patrimonio podría afectar la capacidad de crecimiento económico", explicó Restrepo, quien sostuvo que el impuesto es "antitécnico" y poco utilizado internacionalmente.
En su análisis, el Gobierno habría podido redistribuir recursos del presupuesto nacional en lugar de acudir a nuevos tributos, al tiempo que advirtió que medidas adicionales contra sectores energético y financiero podrían deteriorar la confianza para invertir.
Una "minirreforma tributaria" encubierta
Christian Quiñonez, exsubdirector de la Dian, afirmó que el paquete normativo equivale a una "minirreforma tributaria" adoptada mediante la emergencia económica. En su opinión, gravar el patrimonio empresarial genera doble imposición, pues el patrimonio corporativo refleja el de los socios, quienes ya están sujetos a impuestos similares.
De igual forma, Quiñonez advirtió que la combinación de impuestos, inversiones forzosas y contribuciones sectoriales podría reducir la disponibilidad de crédito y encarecer su costo, al obligar a redirigir recursos financieros hacia fines definidos por el Estado.
"La magnitud del recaudo incluso podría superar los recursos estimados para atender la emergencia, lo que alimenta dudas sobre el alcance real de la medida", acotó el experto.
Perspectivas desde la academia y el sector privado
Desde el ámbito académico, Luis Fernando Calderón, director del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, reconoció que el impuesto permite al Gobierno obtener financiación rápida, pero señaló que el costo económico aparece cuando se grava el patrimonio y no las utilidades.
"En términos prácticos, algunas empresas podrían aplazar inversiones o priorizar liquidez para cumplir con la obligación tributaria", explicó Calderón, quien insistió en que "el riesgo aumenta si se suman otras iniciativas como las inversiones forzosas, ya que la acumulación de señales regulatorias podría generar mayor cautela empresarial y presiones sobre el crédito".
Desde el sector privado, Paul Vásquez, socio director de Planning Tax, coincidió en que el impacto financiero será significativo debido a los plazos cortos para declarar y pagar el impuesto.
"Las empresas tendrán apenas semanas para cumplir con la obligación, lo que podría obligarlas a endeudarse y asumir mayores costos financieros, incrementando además la tasa efectiva de tributación al tratarse de una erogación no deducible", señaló Vásquez.
El experto puso sobre la mesa que "una mejor alternativa habría sido redistribuir recursos del presupuesto nacional en lugar de introducir nuevas cargas tributarias extraordinarias", especialmente en un contexto económico desafiante.
Balance entre urgencia fiscal y confianza empresarial
El debate también se ha extendido hacia las contribuciones impuestas a las empresas generadoras de energía, las cuales varios expertos consideran delicadas por la señal regulatoria que envían al mercado. Aunque algunos analistas reconocen la lógica ambiental detrás de estas medidas, advierten que cargos extraordinarios recurrentes podrían afectar decisiones futuras de inversión en un sector clave para la estabilidad energética del país.
Mientras el Gobierno defiende la necesidad de actuar con rapidez para atender la crisis climática, los expertos coinciden en que el verdadero desafío será equilibrar la urgencia fiscal con la preservación de la confianza empresarial y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento económico en los próximos años.
La implementación de estos impuestos de emergencia continuará generando análisis y discusiones en los próximos meses, mientras las empresas se preparan para cumplir con las nuevas obligaciones tributarias en plazos extraordinariamente cortos.
