Nuevos impuestos y poderes excepcionales sacuden la economía colombiana en pleno año electoral
La emergencia invernal que afectó a ocho departamentos colombianos, con Córdoba como epicentro, no solo dejó más de 170.000 hectáreas inundadas y miles de productores en crisis. También abrió la puerta a una arremetida fiscal sin precedentes recientes en el país.
En un contexto donde Colombia apenas creció 2,8 por ciento en 2025 y se adentra en un año electoral cargado de tensiones, el Gobierno nacional activó poderes excepcionales para imponer medidas tributarias y contractuales que han generado intensos debates.
El paquete fiscal de emergencia
El movimiento incluye la creación de un impuesto temporal al patrimonio líquido de personas jurídicas con activos superiores a los 10,4 billones de pesos. La tarifa general será del 0,5 por ciento, pero se eleva al 1,6 por ciento para entidades financieras y sectores extractivos como minería y energía.
Este impuesto se pagará en dos cuotas: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Oficialmente, busca recaudar cerca de 8 billones de pesos para atender la emergencia invernal, aunque existen cuestionamientos sobre si la ejecución real para los damnificados alcanzará esa cifra.
El paquete también incluye una sobretasa del 2 por ciento sobre las ventas brutas de energía de hidroeléctricas y térmicas durante seis meses, elevando la carga total para las hidroeléctricas al 8 por ciento y para las térmicas al 6 por ciento, afectando a 51 plantas en todo el país.
Reacciones del sector empresarial
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), elevó el tono de sus críticas al asegurar que ve a un Gobierno "desesperado por acumular recursos" y decidido a hacerlo "a todo costo".
"Castigar la inversión en Colombia... castigar el capital de las empresas... no es otra cosa que desestimular completamente la actividad económica", afirmó Mac Master, advirtiendo sobre efectos dominó en inversión, creación de empleo y crecimiento económico.
El dirigente gremial cuestionó especialmente la falta de claridad sobre el destino específico de los recursos recaudados y lanzó una acusación política: según su visión, el Ejecutivo "dejó de lado el interés general" para concentrarse en "prioridades electorales".
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, agregó que gravar el patrimonio empresarial genera "un nuevo hecho de inseguridad jurídica". Explicó que el comercio formal opera con márgenes de entre 0,8 y 3 por ciento, por lo que un impuesto del 0,5 por ciento sobre activos "podría igualar o superar la utilidad neta" en sectores como supermercados y retail.
Impacto sectorial específico
En el sector energético, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, advirtió que "no se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas; es decir, se paga incluso cuando los márgenes son bajos". Solo en el sector eléctrico, el costo adicional podría rondar los 330.000 millones de pesos.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, precisó que el impuesto al patrimonio del 1,6 por ciento para el sector extractivo "vuelve a cargar a las mismas empresas de siempre" y puede erosionar la competitividad nacional.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), subrayó que el sector ya paga renta, regalías y sobretasas, por lo que "gravar el patrimonio es, en esencia, gravar la capacidad de invertir".
Medidas contractuales y de propiedad que generan alertas
Dos medidas incluidas en el paquete de decretos expedidos esta semana han encendido alarmas adicionales por ir más allá del recaudo tributario:
- Contratación directa sin Ley de Garantías: El Decreto 0175 habilita a entidades públicas a contratar de manera directa para ejecutar medidas de emergencia, exceptuándolas de la prohibición contenida en la Ley de Garantías. Además, autoriza adicionar contratos sin el límite del 50 por ciento del valor inicial.
- Expropiación exprés: El Decreto 0174 faculta a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para ocupar temporalmente, adquirir e incluso expropiar predios necesarios para reubicar damnificados o reorganizar la producción agropecuaria, con procesos acelerados.
La senadora Angélica Lozano advirtió que la emergencia "no puede ser un cheque en blanco para la politiquería", mientras el exministro Andrés Valencia habló de la reaparición de una "expropiación exprés".
Análisis de expertos y perspectivas económicas
Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, si bien reconocen la necesidad de recursos ante desastres climáticos más frecuentes, cuestionan que la respuesta fiscal se concentre en nuevos tributos sin explorar reasignaciones presupuestales u otras fuentes.
Mauricio Marín Elizalde, socio fundador de Bastet Family & Corporate Consulting, señaló que "en un momento en el que el país necesita empresas sólidas para sostener el empleo y apoyar la recuperación económica, esta medida reduce músculo financiero y envía una señal de incertidumbre".
La firma BDO puso el foco en la operación práctica: "El nuevo impuesto al patrimonio exige que las empresas revisen con detalle su balance al 1.° de marzo de 2026 y tomen decisiones con anticipación", explicó Martha Reyes Amaya, socia Tax de la firma.
Desde Asobolsa, gremio de las comisionistas de bolsa, advierten que las decisiones tributarias podrían afectar la confianza inversionista. Shenny González Uribe, su presidenta, recordó que las comisionistas enfrentan tasas efectivas cercanas al 39 por ciento que con la sobretasa podrían llegar al 54 por ciento.
El Consejo Gremial Nacional (CGN) respaldó la atención urgente de la crisis, pero rechazó que se usen facultades extraordinarias para introducir "modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera y sectorial".
El debate se intensifica en un año electoral donde cada medida fiscal y contractual será analizada no solo por su impacto económico inmediato, sino por sus implicaciones políticas y de seguridad jurídica a largo plazo.
