Gobierno proyecta ingresos adicionales por petróleo mientras aumenta carga tributaria empresarial
El Ministerio de Hacienda presentó su plan financiero para el año con proyecciones que anticipan mayores ingresos nacionales debido al incremento en los precios del petróleo, pero simultáneamente avanza con la implementación de un polémico impuesto al patrimonio para empresas que busca recaudar $8,3 billones. Esta medida, originalmente justificada bajo la figura de emergencia económica para atender daños por inundaciones en Córdoba, representa un ajuste significativo en la planificación fiscal del sector productivo colombiano.
Bipolaridad en las cuentas fiscales del Ejecutivo
Mientras el Gobierno basa sus cálculos en un precio del petróleo de US$59,2 por barril, el valor actual supera los US$30 por encima de esa meta debido a tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Según estimaciones de Acipet, cada dólar adicional en el precio del Brent genera ingresos diarios de US$750.000 para la Nación, lo que teóricamente debería mejorar las finanzas públicas.
Sin embargo, en paralelo, Hacienda exige a 15.000 grandes empresas el pago de un nuevo gravamen al patrimonio con tarifas diferenciadas: 1,6% para sectores financiero y minero-energético con patrimonios superiores a $31.424 millones, y 0,5% para otras actividades económicas con patrimonios mayores a $10.474 millones. La primera mitad del impuesto debe cancelarse el próximo 1 de abril, y la segunda el 4 de mayo de 2026.
Cuestionamientos técnicos y constitucionales
Juan Alberto Londoño Martínez, exviceministro de Hacienda, señala que el Gobierno rompió reglas constitucionales al determinar que la base del impuesto será el patrimonio al 1 de marzo de este año, en lugar de basarse en resultados del ejercicio anterior como es habitual. "Esto implica una vulneración al principio de certeza tributaria y de capacidad contributiva, además de afectar la planeación empresarial", afirmó el experto.
Según cálculos de la Andi, algunos sectores podrían enfrentar una carga impositiva combinada de hasta 80% o más, considerando que la tarifa nominal de renta corporativa es del 35%, pero grandes contribuyentes como el sector minero-energético y financiero pagan sobretasas que elevan su carga efectiva por encima del 40%.
Crecimiento económico versus presión fiscal
El plan financiero gubernamental estima un crecimiento del PIB del 2,6% para este año, uno de los repuntes más altos proyectados en la región. No obstante, esta perspectiva optimista contrasta con el aumento de la presión fiscal sobre las empresas. El documento prevé que los ingresos nacionales por impuestos aumentarán $19,5 billones, pasando de $302,7 billones a $322,2 billones, equivalente al 16,1% de la economía colombiana.
Valentina Guio, jefe de investigaciones macroeconómicas de Anif, explica que el plan proyecta reducir el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central del 6,4% del PIB en 2025 al 5,1% en 2026, una corrección de 1,3 puntos del PIB que se concentraría principalmente en el gasto primario.
Advertencias sobre efectos económicos negativos
Diversos analistas y centros de pensamiento advierten sobre los potenciales impactos negativos de esta medida. Fedesarrollo alerta que la carga tributaria adicional golpeará la inversión, el empleo y la expansión económica. Anif destaca que el impuesto reduce la rentabilidad esperada de la inversión y encarece la acumulación de activos productivos, afectando directamente el crecimiento empresarial.
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo enfatiza que históricamente este gravamen corresponde a personas naturales, no a empresas, y advierte que Colombia se posiciona como uno de los países con mayor carga tributaria empresarial del mundo. "En vez de buscar más impuestos, el gobierno está subestimando gastos, y por lo tanto, el déficit fiscal va a ser mayor al estimado", agregó.
Problemas estructurales en la tributación colombiana
Jairo Villabona, exdirector de la Dian, señala que el problema fundamental radica en las exenciones y falta de estandarización tributaria. "Los beneficios tributarios hacen que cada sector económico pague una tasa efectiva diferente. En 2024, el promedio fue del 20,5%, no del 35% nominal que muchos creen", explicó el exfuncionario.
Villabona agregó que el impuesto al patrimonio para empresas prácticamente no existe en otros países y debería ser una de las últimas medidas de recaudo por su impacto negativo en la inversión. "Muchas empresas considerarían descapitalizarse ante este impuesto", afirmó.
Incertidumbre en las proyecciones macroeconómicas
El propio Gobierno reconoce en su documento un panorama macroeconómico menos favorable, elevando su proyección de inflación del 3,2% al 5,8%, en parte por presiones asociadas al aumento del salario mínimo. Esto implicaría tasas de interés más altas por más tiempo y menor dinamismo económico.
Anif también cuestiona la claridad de los criterios para la meta de recaudo de $8 billones, señalando que en los cálculos no se consideran algunos sectores posiblemente excluidos. Además, advierten que este impuesto representaría una doble tributación para las personas jurídicas, incrementando la tasa efectiva de tributación del 29,8% al 35,5%.
La situación refleja lo que algunos expertos denominan "bipolaridad financiera": mientras en el papel las proyecciones parecen favorables, al revisar las cuentas aparecen cifras que no cuadran y medidas que podrían terminar debilitando la base productiva que sostiene el recaudo tributario a largo plazo.
