Impuesto al patrimonio empresarial enfrenta críticas por tiempos y efectos económicos
La propuesta del Ministerio de Hacienda de establecer un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, como mecanismo para financiar la atención de la emergencia invernal, ha desatado un intenso debate entre expertos tributarios y representantes gremiales. Aunque el Gobierno estima recaudar aproximadamente $8 billones, múltiples voces advierten que los recursos no llegarían con la celeridad requerida para atender a los damnificados.
Cuestionamientos sobre la viabilidad y oportunidad
Según explicó el ministro Germán Ávila durante el consejo de ministros en Montería, el impuesto se aplicaría a patrimonios líquidos superiores a $10.000 millones (equivalente a 200.000 UVT), con tasas marginales del 0,6% hasta $30.000 millones y del 1,2% para montos superiores. Sin embargo, especialistas como Christian Quiñonez, exsubdirector de la Dian, cuestionan la justificación jurídica de esta nueva emergencia económica.
"Esta nueva emergencia económica, al igual que la anterior, tampoco tiene justificación", afirmó Quiñonez, señalando que el anuncio oficial revela la búsqueda de nuevos argumentos ante la imposibilidad de repetir los anteriores, lo que debilita sustancialmente su fundamento legal.
Riesgos de doble tributación e impacto inflacionario
Uno de los puntos más controvertidos es el riesgo de doble tributación, ya que el patrimonio de las empresas corresponde finalmente al de sus socios personas naturales, quienes ya pagan impuesto al patrimonio. "El patrimonio líquido de las empresas no es más sino el patrimonio de sus socios personas naturales, y estos socios hoy ya pagan impuesto al patrimonio", explicó Quiñonez.
El impacto económico tampoco sería menor, pues según estimaciones del experto, algunas compañías podrían enfrentar pagos de cientos de miles de millones de pesos, costos que probablemente se trasladarían a precios de bienes y servicios, presionando adicionalmente la inflación en un contexto económico ya complejo.
Preocupaciones desde el sector empresarial
Desde el frente gremial, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó el anuncio como un "impuesto a la inversión", argumentando que grava la decisión de mantener capital productivo en el país. En su análisis, esta medida se suma a otras decisiones que colectivamente presionan la actividad empresarial y reducen la capacidad de generar empleo y oportunidades económicas.
José Ignacio López, presidente de Anif, añadió una perspectiva macroeconómica, señalando la contradicción entre hablar de crecimiento, empleo de calidad y prosperidad mientras se introduce un impuesto que grava el capital empresarial. "¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio a las empresas?", cuestionó.
Problemas técnicos y de temporalidad
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, cuestionó la coherencia técnica del impuesto, calificándolo como "antitécnico" y mal planteado, especialmente por su relación con el impuesto sobre la renta. Según su explicación, debido a los tiempos de causación, el recaudo no sería inmediato sino que se materializaría en años posteriores, incluso bajo un gobierno distinto, lo que contradice el argumento de urgencia para atender la emergencia.
"No es lógico que sea para la emergencia económica", advirtió Junco, destacando la falta de claridad sobre la vigencia de aplicación del gravamen y el momento exacto en que se materializarían los ingresos fiscales.
Una visión más equilibrada
Luis Fernando Calderón, director de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, reconoció que la medida tiene una lógica de progresividad fiscal al concentrarse en empresas con patrimonios elevados y excluir a las pequeñas y medianas. Sin embargo, advirtió que en una coyuntura económica debilitada, este tipo de impuesto puede elevar la percepción de riesgo y afectar la confianza de inversionistas y empresarios.
El académico subrayó la importancia de considerar el impacto contable y operativo, señalando que gravar patrimonios líquidos puede generar pagos incluso cuando no hay capacidad económica efectiva, por lo que se requieren reglas claras y ajustes técnicos que eviten distorsiones significativas.
El desafío pendiente
Más allá de la discusión sobre progresividad o montos de recaudo, el debate se centra en la aplicación práctica del impuesto, su coherencia con el sistema tributario colombiano y su efectividad real para atender una emergencia económica. A la espera de la norma oficial que concrete la propuesta, el desafío del Gobierno será despejar estos vacíos y demostrar que el tributo puede cumplir su objetivo sin erosionar la confianza empresarial ni comprometer el crecimiento económico futuro del país.
La emergencia invernal que afecta especialmente a Córdoba y otros departamentos requiere respuestas ágiles, pero según los expertos consultados, este impuesto al patrimonio empresarial no parece ser la solución inmediata que la situación demanda, generando más interrogantes que certezas en el corto plazo.
