Gobierno impone nuevos tributos por emergencia invernal, reviviendo impuestos suspendidos por la Corte
El Gobierno de Gustavo Petro ha expedido el decreto 0240 que establece nuevos impuestos para personas y empresas, aprovechando el estado de excepción declarado por la emergencia económica derivada de la ola invernal. Esta medida, que no requiere aprobación del Congreso, ha generado fuertes críticas entre analistas económicos y expertos tributarios.
Reviven impuestos suspendidos por la Corte Constitucional
"El gobierno acaba de resucitar impuestos que la Corte Constitucional suspendió", afirmó Lisandro Junco, exdirector de la Dian, en referencia a medidas similares que fueron frenadas cuando el Gobierno intentó implementar su primera emergencia económica.
María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, expresó preocupación por el precedente que esto establece: "Se trata de un precedente peligroso pues convierte la excepcionalidad en un atajo al ampliar las cargas tributarias y reintroducir por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria".
La experta agregó que el Gobierno "recicla decretos frenados por la Corte, retoma ideas ya intentadas en el Congreso y empuja cambios estructurales en temas propios del legislador", sugiriendo que en lugar de nuevos impuestos, debería ajustar el gasto público.
Cuarto estado de excepción del Gobierno Petro
Esta es la cuarta vez que el Gobierno declara estado de excepción. La primera fue la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira en 2023, seguida por el estado de conmoción interior por la violencia en Catatumbo a principios de 2025, y en diciembre otra emergencia para recaudar el faltante del Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a 16,3 billones de pesos.
Precisamente esta última emergencia fue suspendida por la Corte Constitucional. En ella se proponían impuestos a licores, tabaco y juegos de suerte y azar, reducción del umbral del impuesto al patrimonio de 3.600 a 2.000 millones de pesos, y una sobretasa de renta para el sector financiero que subiría de cinco a quince puntos sobre la tarifa general.
¿Qué establece el nuevo decreto 0240?
El decreto expedido en el marco de la emergencia por la ola invernal establece medidas extraordinarias para financiar la atención de la emergencia ante la insuficiencia de recursos del Presupuesto General de la Nación:
- Impuesto al patrimonio para empresas extranjeras: Aplica a empresas con más de 10.474 millones de pesos al 31 de marzo. Deben declararlo el 30 de abril de 2026 y pagar una primera cuota del 50% en esa fecha, y la segunda el 1 de junio.
- Impuesto nacional del 16% al consumo de juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet: El decreto justifica esta medida señalando que "constituyen una modalidad de consumo final con elevada capacidad contributiva y un crecimiento sostenido del ingreso bruto de las apuestas".
- Impuesto complementario de normalización tributaria del 19%: Para el año gravable 2026, aplicable a contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026.
Beneficios transitorios para contribuyentes en mora
El decreto también propone una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para las personas. Los contribuyentes que se encuentren en mora al 31 de diciembre de 2025 podrán reducir sus sanciones si realizan el pago total de lo que deben antes del 30 de abril.
Según el texto del decreto, "este mecanismo permitirá normalizar los patrimonios, ampliar la base gravable real, reducir la opacidad en la información tributaria y, simultáneamente, generará un recaudo extraordinario de corto plazo" para mitigar los efectos negativos del fenómeno climático.
Esta estrategia ya estaba contemplada en la emergencia suspendida por la Corte. Hasta la suspensión, 175.000 contribuyentes y usuarios aduaneros se habían acogido a estos beneficios, generando un recaudo de 1,63 billones de pesos.
Ampliación de tributos existentes
El impuesto al patrimonio para empresas extranjeras amplía el tributo que el Gobierno ya había establecido semanas atrás para compañías nacionales, las cuales debían pagar una tarifa general del 0,5% y las del sector financiero y minero-energético, una tasa diferencial del 1,6%.
Las críticas se centran en que el Gobierno estaría utilizando la emergencia invernal como justificación para implementar medidas tributarias que ya habían sido rechazadas por la Corte Constitucional y que corresponden al ámbito legislativo ordinario, generando preocupación sobre el respeto a las instituciones y los procedimientos democráticos establecidos.
