Crece el rechazo empresarial al impuesto al patrimonio en Colombia
La implementación del impuesto al patrimonio ha generado un fuerte rechazo por parte de los gremios empresariales colombianos, quienes advierten sobre las graves consecuencias que este tributo tendrá para las organizaciones del país. Desde este 1 de abril, las empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente $10.474 millones) deben asumir este nuevo pago, generando alertas en el sector productivo.
Advertencias de la ANDI sobre el impacto económico
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha encendido las alarmas sobre este impuesto, señalando que generará un inmenso perjuicio a la actividad empresarial en un país que ya cuenta con una de las mayores cargas tributarias del mundo. "Muchas empresas tendrán que vender activos para poder atender esta nueva exigencia del Gobierno", afirmó el dirigente gremial.
Mac Master destacó que las compañías no habían incluido este impuesto adicional en sus proyecciones financieras del año, y criticó que el Gobierno haya cambiado las reglas de juego obligando a pagos anticipados. Además, cuestionó la destinación de los recursos recaudados, señalando que "se están gastando a manos llenas en mecanismos por fuera de la Ley de contratación".
Preocupaciones del Consejo Gremial Nacional
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, se ha sumado a las advertencias, señalando que miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. En declaraciones publicadas en redes sociales, Gutiérrez afirmó: "Debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país".
Cuestionamientos a la justificación del impuesto
El Gobierno Nacional proyecta recaudar más de $8 billones con los decretos de emergencia económica que incluyen este impuesto al patrimonio. Sin embargo, la Contraloría General de la Nación ha emitido cuatro alertas importantes sobre esta medida:
- Vacios en la estructuración y ejecución de los decretos por falta de un modelo financiero claro
- Posible reorientación de recursos que afectaría presupuestos de entidades y empresas
- Falta de articulación con los gobiernos locales en la implementación
- Ausencia de un censo detallado de damnificados que justifique el monto recaudado
La Contraloría ha señalado que no existe una justificación clara de que los $8,6 billones proyectados sean la suma requerida para atender la emergencia, ni se cuenta con datos específicos sobre el uso final de estos recursos.
Alcance del impuesto y afectación empresarial
El nuevo impuesto al patrimonio no solo afectará a empresas nacionales, sino también a compañías extranjeras que operan en Colombia, lo que podría elevar la carga tributaria total por encima del 90% en algunos casos. Esta medida se implementa mediante el Decreto Legislativo 173 de 2026, que ha sido cuestionado por diversos sectores económicos.
Los gremios empresariales han solicitado a la Corte Constitucional que suspenda temporalmente el decreto que establece este impuesto, argumentando que su aplicación inmediata podría tener efectos devastadores para la economía nacional y el empleo en un momento de recuperación económica.
