Semana decisiva para los impuestos de emergencia económica del gobierno Petro
La agenda política y económica de los últimos días obligó al gobierno del presidente Gustavo Petro a postergar la definición de los impuestos que financiarán el estado de emergencia económica decretado el 11 de febrero. Sin embargo, esta semana será crucial para determinar el alcance fiscal de la respuesta oficial ante la crítica situación generada por las inundaciones en varios departamentos del país.
Emergencia por ola invernal atípica
La nueva emergencia económica fue declarada para atender los graves daños materiales y sociales causados por un frente frío y lluvias atípicas registradas en las últimas semanas. Según cifras oficiales, más de 60.000 familias han sido afectadas por esta ola invernal que ha golpeado especialmente a regiones como Córdoba, donde se reportan inundaciones significativas.
Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Germán Ávila confirmó que el Ejecutivo proyecta recaudar aproximadamente $8 billones, equivalentes al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), para financiar la atención de esta emergencia climática. Ávila sostuvo que las lluvias atípicas constituyen un evento impredecible y que el ajuste fiscal se analiza como una medida complementaria para acelerar la respuesta estatal.
Eje central: impuesto temporal al patrimonio empresarial
El interrogante sobre los nuevos impuestos encontró respuesta desde la Casa de Nariño, donde se señaló que el eje central de la estrategia fiscal será un impuesto temporal al patrimonio de las personas jurídicas con mayor capacidad económica. El presidente Petro lo describió como un impuesto a los "mega-ricos", ya que solo estarán obligadas a tributar las empresas con patrimonios superiores a $10.000 millones.
Las tarifas de este gravamen oscilarían entre 0,6% y 1,2%, dependiendo del nivel patrimonial de cada empresa. El objetivo declarado es concentrar el esfuerzo fiscal en un grupo reducido pero relevante del tejido empresarial colombiano, minimizando el impacto sobre la mayoría de compañías.
Paquete fiscal completo y reacciones del sector empresarial
Además del impuesto al patrimonio empresarial, el paquete fiscal en estudio contempla:
- Ajustes adicionales a este gravamen
- Incremento en el impuesto a los dividendos de las grandes empresas
- Posible retorno de un gravamen especial a los juegos de suerte y azar en línea
Según explicó el ministro Ávila, el objetivo de estas medidas es incentivar la reinversión de utilidades en el país y evitar la salida de capitales al exterior, mientras se acelera la financiación de los costos asociados a la atención de los damnificados.
Sin embargo, desde el sector empresarial las reacciones han sido críticas. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, afirmó que "hay una variable importante de responsabilidad por parte del Gobierno nacional, ya que recursos hay, lo que no hay es un buen gasto de esos recursos". Lacouture agregó que se requiere austeridad y un direccionamiento del gasto que genere inversión productiva.
En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó la efectividad de la propuesta fiscal y señaló que "el Estado tiene instrumentos mucho más efectivos y eficaces para atender la emergencia en este momento en forma urgente". Mac Master consideró que el impuesto al patrimonio es "antitécnico", afecta la inversión y la generación de empleo, y además "toma tiempo" cuando las víctimas requieren soluciones inmediatas.
Inversiones forzosas y análisis técnico
Otro componente que ha generado debate es el anuncio de nuevos decretos de inversiones forzosas a la banca, mecanismo que obliga a las entidades financieras a destinar un porcentaje de los ahorros del público a inversiones definidas por el Estado. Este planteamiento ha despertado reparos desde el ámbito académico.
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, advirtió que este mecanismo puede desincentivar la adecuada distribución de recursos y elevar los costos del crédito, además de generar ineficiencias y politización si los recursos son administrados por el Gobierno. "No sobra agregar que quienes somos ahorradores nunca escogimos al Gobierno para administrar nuestros ahorros", afirmó Restrepo.
Desde el análisis técnico, un reporte de Russell Bedford sostiene que los canales indirectos son los que conectan un gravamen corporativo con la economía de los hogares, especialmente a través del empleo, la inversión y la confianza. Roger Román, socio de impuestos de la firma, recordó que esta movida se da en un contexto de déficit fiscal cercano al 4% del PIB y con un crecimiento económico proyectado de 2,4% para 2026.
Impacto limitado pero riesgos de incertidumbre
Román señaló que, aunque el universo de empresas afectadas sería reducido (alrededor de 15.000 de las más de 1,6 millones registradas en el país), estas concentran un peso significativo en la inversión y el empleo formal. No obstante, llamó a la cautela frente a lecturas alarmistas, indicando que el impuesto no implica despidos automáticos ni recortes salariales.
El punto de mayor atención, según Román, está en la estabilidad jurídica, ya que los decretos expedidos bajo la emergencia económica deberán ser revisados por la Corte Constitucional. La claridad y temporalidad de las reglas serán determinantes para la confianza inversionista.
"El riesgo no está en el impuesto en sí, sino en la incertidumbre prolongada. Un factor que podría terminar afectando crecimiento, empleo y confianza a lo largo del año", dijo este experto, para quien es necesario revisar qué otros caminos hay para atender la emergencia.
Contexto fiscal y perspectivas
Esta medida fiscal se implementa en un momento particularmente delicado para las finanzas públicas colombianas. El déficit fiscal se acerca al 4% del PIB, mientras el crecimiento económico para 2026 se proyecta en un modesto 2,4%. Además, existe el antecedente de que una emergencia económica anterior fue suspendida por la Corte Constitucional al inicio del año.
Los $8 billones que se espera recaudar representan una cifra significativa que, según el gobierno, es necesaria para responder adecuadamente a la emergencia climática. Sin embargo, la efectividad y oportunidad de estas medidas tributarias seguirán siendo objeto de debate en los próximos días, mientras se definen los detalles finales del paquete fiscal.
