Impuesto al patrimonio: una excepción en los países desarrollados de la OCDE
La propuesta de establecer un impuesto al patrimonio empresarial en Colombia, en el marco de la emergencia económica, ha desatado un intenso debate entre analistas, gremios empresariales y académicos. Mientras el gobierno busca nuevas fuentes de financiación, los críticos advierten sobre los posibles efectos negativos en la innovación y la competitividad del país.
Panorama internacional del gravamen patrimonial
Según datos de la Tax Foundation, entre los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solamente tres naciones mantienen actualmente un impuesto al patrimonio personal neto: España, Suiza y Noruega. Por otro lado, el impuesto al patrimonio aplicado a personas jurídicas (empresas) está cada vez más en desuso a nivel global.
En el contexto europeo, países como Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos aplican impuestos sobre el patrimonio, pero únicamente a determinados activos específicos, no al patrimonio neto total de un individuo. Esta distinción es fundamental para comprender las diferentes aproximaciones fiscales a la riqueza.
Realidad latinoamericana y casos extraordinarios
En América Latina, Argentina y Uruguay representan los casos más relevantes. Argentina cuenta con un impuesto a los bienes personales que grava la riqueza neta de las personas físicas y de las sucesiones indivisas, aunque no existe un impuesto específico al patrimonio empresarial.
Uruguay, por su parte, implementa un Impuesto al Patrimonio (IP) que afecta la posesión de patrimonio neto dentro del país, tanto de personas físicas como jurídicas. Un caso extraordinario es el de Luxemburgo, que aplica un impuesto sobre el patrimonio neto a empresas residentes y sucursales sobre sus activos netos, independientemente de sus beneficios.
La experiencia colombiana y las advertencias académicas
César Tamayo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad EAFIT, recordó que Colombia ya implementó un impuesto al patrimonio de personas jurídicas en 2002, "en medio de la peor crisis macroeconómica del país". Según explicó, este gravamen se estableció con muy pocas alternativas para generar ingresos fiscales y con el objetivo de financiar el gasto en seguridad.
"El país logró consolidar su seguridad, y eventualmente se desmontó el impuesto al patrimonio empresarial. El de personas se mantiene, aunque sigue siendo nocivo, pero al menos con un umbral alto", detalló el académico.
Tamayo enfatizó que es significativo el hecho de que este tipo de gravamen esté en desuso internacionalmente: "Los impuestos al patrimonio están en extinción; no más de cinco países persisten con esta mala idea. El resto del mundo ya sabe que no funcionan para lo que se justifican".
Impacto en la competitividad e innovación empresarial
Para el economista, el gravamen establecido en la emergencia resulta particularmente nocivo para la competitividad e innovación empresarial. "El patrimonio de las empresas es simplemente la diferencia entre activos y pasivos. Entonces, las empresas con más activos, especialmente en relación con sus deudas, pagan más impuestos", explicó.
"Pero esos activos son los que permiten producir, crear empleo y generar prosperidad. Desincentivar el patrimonio empresarial equivale a desincentivar la empresa y el desarrollo", agregó con preocupación.
Posiciones gremiales y preocupaciones constitucionales
En línea con lo expresado por Tamayo, diferentes voces del sector empresarial han manifestado su preocupación. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ha argumentado que el nuevo gravamen pone en riesgo la equidad tributaria, mientras que el Consejo Gremial Nacional ha enfatizado la necesidad de velar por la constitucionalidad de las medidas.
Este último organismo ha hecho un llamado para "no usar la emergencia de la ola invernal como vehículo para expedir decretos" que podrían tener consecuencias económicas de largo plazo, subrayando la importancia de mantener separadas las crisis coyunturales de las reformas estructurales del sistema tributario.
El debate continúa abierto mientras Colombia evalúa su política fiscal en un contexto internacional donde los impuestos al patrimonio neto son cada vez más una rareza entre las economías desarrolladas.
