El gobierno de Panamá divulgó el viernes los resultados de una auditoría internacional que respalda sus planes para reabrir la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, la cual fue clausurada en 2023 por una orden judicial. El yacimiento, localizado en la región caribeña, era operado por la empresa canadiense First Quantum Minerals y su producción representaba el 75% de las exportaciones del país y el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Antecedentes del cierre
La concesión minera fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá tras semanas de protestas contra la minería que paralizaron gran parte del país. El tribunal argumentó que el acuerdo violaba normas ambientales y de licitación pública. Desde entonces, el gobierno ha manifestado su interés en reabrir la mina para recuperar miles de empleos, a pesar de que en Panamá rige una moratoria minera.
Resultados de la auditoría
Para evaluar la viabilidad de la reapertura, el gobierno contrató una auditoría internacional que, según las autoridades, avala la actividad minera. El Ministerio de Ambiente señaló en un comunicado que “los resultados de la auditoría evidencian el cumplimiento del proyecto con la mayor parte de los compromisos adquiridos”, aunque aclaró que el informe “no constituye una decisión sobre el futuro” de la mina.
Al presentar el reporte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que los residentes cercanos al yacimiento se han manifestado a favor de la reapertura para recuperar sus empleos. “El argumento de sí a la mina o no a la mina es simplificar irresponsablemente una realidad que merece un análisis serio (...) y sobre todo despolitizado”, afirmó Moltó.
Oposición ambiental y desafíos legales
Organizaciones ambientalistas han expresado su rechazo a la reanudación de las operaciones extractivas en las últimas semanas. Además, la reapertura podría enfrentar obstáculos legales. La compañía canadiense First Quantum Minerals inició litigios internacionales exigiendo 20.000 millones de dólares en compensación por el cierre, pero los suspendió temporalmente a la espera de una decisión final del gobierno.
Este viernes, tras la difusión de la auditoría, la subsidiaria Cobre Panamá manifestó su confianza en que el reporte sirva para “evaluar de manera responsable (...) el futuro del proyecto”, considerando su impacto económico y ambiental.
Postura del gobierno
El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha señalado que la reapertura excluiría un contrato de concesión tradicional. En su lugar, el Estado pasaría a ejercer la “propiedad legítima de esa tierra, de esos recursos minerales y del derecho a explotarlos como país” y “no a través de terceras personas”.
